Luego de que el gobierno federal anunciara la ampliación hasta junio de 2023, el decreto para la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, Juan Manuel Batres Campos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, declaró que esta decisión pone en total desventaja al mercado mexicano de autos de segunda mano.

“En Coparmex a nivel nacional coincidimos con lo expresado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), ya que esto significa un nuevo golpe al sector automotriz nacional, dado que de marzo del 2022 y hasta febrero de 2023, se regularizaron en México un millón 319 mil 438 automóviles que ingresaron de manera ilegal a nuestro territorio, con un costo por trámite para legalización de dos mil 500 pesos”, expresó.

De igual forma, destacó que el impacto se refleja en que el número de automotores regularizados es superior por 186 mil 687 unidades a la cifra de automóviles nuevos vendidos en el mismo periodo de tiempo, misma que fue de un millón 132 mil 751.

“Los fraudes a la población por parte de organizaciones que prometen la legalización, no existen reglas claras sobre qué pasará con los vehículos de contrabando que siguen llegando a México y que no se regularicen cuando concluyan las ampliaciones dadas a conocer, se maneja que aún hay más de un millón de unidades esperando ser regularizadas”, expresó. 

Finalmente, dijo sumarse al llamado para que el gobierno federal evite privilegiar medidas que aseguró “afectan el desarrollo económico y están por encima del bienestar de las familias y de la generación de empleos” ya que estos últimos se generan gracias al alto potencial e importancia de la industria automotriz en la nación.