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Emiten una recomendación por las ejecuciones arbitrarias en Morelos

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El gobierno estatal incurrió en implementación inadecuada de políticas públicas “para abatir altos índices delictivos imperantes en la entidad” y que la Fiscalía General de Justicia local cometió “dilación irregular” de carpetas de investigación

Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) consideró que elementos de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos cometieron ejecuciones arbitrarias a seis personas, de ellas dos menores de edad durante tres operativos realizados en 2017 en límites de Temixco y Cuernavaca.

Por ello, emitió Recomendación 21VG/2019, por violaciones graves a derechos humanos que dirigió al Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y al fiscal General de Justicia, Uriel Carmona Gándara.

CNDH concluyó que el gobierno estatal incurrió en implementación inadecuada de políticas públicas “para abatir altos índices delictivos imperantes en la entidad” y que la Fiscalía General de Justicia local cometió “dilación irregular de carpetas de investigación radicadas por conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas”.

“Deberá implementar acciones mediante políticas públicas para solucionar y combatir índices de violencia y criminalidad imperantes en Morelos; fortalecer, con autoridades municipales mecanismos de participación ciudadana para escuchar a la población y atender problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos y acceso a la justicia, acorde con los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU”.

Ello se relacionan con tres operativos policiales en límites de Temixco y Cuernavaca, realizados el 30 de noviembre de 2017, que derivaron en enfrentamiento armado entre civiles y la Comisión Estatal de Seguridad.

En el enfrentamiento, perdieron la vida seis personas, dos de ellos, menores de edad.

CNDH acreditó que personal de la Comisión Estatal de Seguridad incurrió en allanamientos a domicilios donde estaban las víctimas, cometió detenciones arbitrarias de siete personas, uno de ellos adolescente; e hizo uso excesivo de fuerza que derivó en ejecución arbitraria de seis personas; trato cruel, inhumano y/o degradante derivado de lesiones a cuatro personas, incluidos dos menores.

Dijo que existió dilación en puesta a disposición de detenidos ante el ministerio público en Cuernavaca, colocación deliberada de un arma de fuego e indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.

Recomendó a Fiscalía General continuar con la investigación por manipulación de cadáveres de tres víctimas.

Al gobernador recomendó que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brinde a familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y a los lesionados, la reparación integral del año; la reparación integral a los propietarios de los inmuebles dañados en el enfrentamiento y que familiares de víctimas mortales sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas.