Respuesta del Presidente a las críticas
El presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de reforma constitucional al Senado para que el titular de la PGR no se convierta automáticamente en fiscal
Frente a las objeciones que han surgido de distintos actores políticos y sociales sobre el proceso de designación del próximo fiscal general de la República y el efecto que ha tenido para retrasar la aprobación de la ley orgánica de la nueva Fiscalía General de la República, el presidente Enrique Peña Nieto envió una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión mediante la cual se cancela la disposición que establece el pase automático del actual procurador general de la República a fiscal.
Mediante un comunicado, la Presidencia reconoce que las distintas posturas respecto a este punto, que incluye al propio procurador Raúl Cervantes se estima que esta transición de forma automática del titular de este cargo “no abona a centrarse en la discusión del modelo constitucional de la fiscalía, por ello se determinó modificarlo”.
Para la Presidencia de la República de aprobarse este cambio constitucional cuando se expida la ley orgánica de la Fiscalía General de la República por parte del Congreso “no existiría pase automático de un procurador a fiscal sino que correspondería al Senado iniciar el procedimiento para designar al nuevo fiscal general de la República”.
CELEBRA PAN REPLANTEAMIENTO DE PEÑA
El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, destacó la importancia de que el próximo fiscal general de la república sea una persona que acredite independencia y con un prestigio incuestionable. En un comunicado de prensa agregó que la autonomía del nuevo fiscal respecto al gobierno federal, es una condición indispensable para despolitizar la función que llevará a cabo.
Anaya celebró el replanteamiento hecho ayer por el presidente Enrique Peña Nieto, al enviar una iniciativa al Congreso para que el actual procurador no se convierta automáticamente en el próximo fiscal.
También manifestó su apoyo a la iniciativa que presentaron senadores de su partido para que el fiscal tenga una probada independencia y un incuestionable prestigio.
La iniciativa de los panistas propone que ese funcionario dure siete años improrrogables y que el cargo recaiga en una persona que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la procuración de justicia.