Se comienza a acumular una “voluntad” por un cambio que, para que funcione, debe ser profundo en nuestras instituciones y en los políticos.
El 3 de febrero pasado, el presidente Enrique Peña Nieto nombró finalmente al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública¼ y le instruyó para que investigara el posible conflicto de interés relativo a la Casa Blanca, la de Malinalco y la de Ixtapan de la Sal. También instruye a los funcionarios federales a hacer su declaración de intereses a la par de la patrimonial.
Dos días antes, el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer un Código de Ética que deben firmar todos los empresarios del país, encabezados por don Lorenzo Servitje. Hace tres días, el IMCO y Transparencia Mexicana abrieron un portal que invita a los legisladores a publicar su declaración patrimonial, constancias de pago de impuestos y declaraciones de interés potencial en asuntos que puedan estar involucrados (“http://legisladortransparente.mx/#!/”). El portal inicia con la publicación de la información de dos legisladores del PRD y dos del PAN (Zoé Robledo Aburto y Fernando Belaunzarán Méndez del PRD y Laura Rojas Hernández y Roberto Rodríguez Doval del PAN). Se supo asimismo que la Oficina de la Presidencia, al más alto nivel, escuchó y recibió la propuesta de la Red por la Rendición de Cuentas para establecer un Sistema Nacional Anticorrupción. Que los Consejos Directivos tanto del PAN como del PRD la conocen y la ven con buenos ojos tampoco es un secreto para nadie. También la conoce el PRI¼ pero éste no se ha movido. Se le presentó a la Conferencia Episcopal de México y le pareció una buena fórmula; se ha presentado a otros grupos sociales, quienes han mostrado mucho interés. No cabe duda: el tema de la corrupción, y más importante, el del establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción está ya en la mesa de discusión en la esfera más alta y entre grupos y actores importantes de la sociedad. El Presidente hizo “votos” en su mensaje del 3 de febrero para que en esta próxima legislatura los senadores y diputados federales aprueben el Sistema Nacional Anticorrupción. Se comienza a acumular una “voluntad” —al menos aparente— por un cambio que, para que funcione, debe ser real y profundo en nuestras instituciones y en las actitudes y comportamientos de la clase política. Hasta ahí, estamos frente a un signo positivo y muy alentador.
Lo malo: La instrucción del Presidente para que investigue el conflicto de interés mencionado se hace a la única institución pública que podría tener una atribución para hacerlo¼ pero no tiene el peso de la ley detrás. Todo recae en el “auditor interno” del Presidente, nombrado por él mismo y quien, por ende, puede ser destituido por él mismo. Si bien se menciona un consejo de notables que dé fe de que la investigación y sus conclusiones son correctas, dependerá de la legitimidad de sus miembros y de la credibilidad que le otorgue la sociedad para que tenga algún efecto. Sin embargo, el proceso no está institucionalizado aún. Un avance en la dirección correcta sí, pero no es suficiente. Además, si bien el Presidente se pronunció por el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, no especificó sus características esenciales para que sea efectivo, institucional y que inicie una profunda transformación del país. Los partidos políticos, en el discurso, “apoyan” dicho sistema, pero hasta ahora no han mostrado su voluntad para apoyar uno que realmente sea efectivo, que sea independiente y creíble ante la sociedad. Ya está la mesa puesta¼ deben hacerlo pronto.
Y lo feo: La abrumadora cantidad de personas y grupos que se oponen en forma agazapada a iniciar una lucha institucional y moral contra la corrupción. Por un lado, las iniciativas del PAN y del PRI que están en el legislativo están diluidas… a medias y cambian cosas para que nada cambie. Esto sin mencionar que en estos días hay de hecho un ataque a la Ley de Transparencia, que precisamente va en contra de la lucha contra la corrupción. Es un retroceso y está ocurriendo también en forma agazapada. Algunas cabezas de partidos políticos impiden que sus legisladores se sumen a la publicación de sus declaraciones patrimoniales, de impuestos y de intereses en el nuevo portal. ¼ ¿a usted le extraña? No, pero está muy feo.
En suma, debemos unirnos para vocalizar nuestra voluntad de combatir la corrupción, a nivel público y privado. Necesitamos un Sistema Nacional Anticorrupción como el propuesto por la Red por la Rendición de Cuentas, que vaya a fondo y combata tanto sus causas como sus consecuencias. Es la única manera.
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