El Parlamento de Venezuela prorrogó este jueves, por un mes, una investigación sobre la posible “responsabilidad penal” del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) por “crímenes de lesa humanidad” contra la nación caribeña, debido a las sanciones que impuso mientras fue mandatario, y la presunta vinculación de antichavistas en estos “ataques”.
La Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, aprobó la prórroga para finalizar la investigación solicitada por la comisión encargada, que adelantó “nombres y apellidos” de algunos de los “responsables” de “estas acciones”, entre los que mencionó a los opositores María Corina Machado, Henrique Capriles y Freddy Superlano, candidatos a las primarias del próximo 22 de octubre.
El presidente de la comisión, el oficialista Pedro Infante, también señaló a otros 22 opositores como Juan Guaidó, Leopoldo López, Antonio Ledezma, David Smolansky, Freddy Guevara, Henry Ramos Allup, Carlos Vecchio, Miguel Pizarro y José Ignacio Hernández, entre otros que conforman una lista “más larga”.
Aseguró que estos opositores cometieron, al menos, “ocho delitos”, entre ellos, “traición a la patria”, “usurpación de funciones”, “asociación para delinquir”, “terrorismo” y “financiamiento al terrorismo”, y han “violentado” el Estatuto de Roma, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Viena y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Entre los “responsables internacionales”, prosiguió, se encuentran, Trump y “algunos de sus voceros y funcionarios”, como John Bolton (exasesor de Seguridad) y Elliott Abrams (ex enviado especial para Venezuela), “expresidentes”, “organizaciones e instituciones”, como los departamentos de EE.UU. de Estado y del Tesoro, y empresas transnacionales.
“Ahí se van definiendo responsabilidades de delitos nacionales, delitos internacionales”, dijo Infante, quien explicó que la investigación, para la que se han revisado “antecedentes teóricos” y construido una “cronología” de los “cientos” de “ataques, será de “mucha utilidad” para Venezuela y “todas las acciones que de ahí se deriven”.
El diputado agregó que la comisión ha elaborado una agenda que incluye la “denuncia formal” en “instancias nacionales e internacionales” y una “gran movilización para que “el pueblo pueda levantar la voz en defensa” del país y de su “soberanía e intereses”.
Los resultados de estas investigaciones, según opinó recientemente el chavista, deberían ser llevados ante organismos como Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional (CPI).
