OPINIÓN

Estamos a un mes del inicio de las primeras campañas electorales para gobernador en los estados de Sonora, Nuevo León y San Luis Potosí y a menos de sesenta días de que inicie la campaña federal para renovar la Cámara de Diputados. Uno de los elementos más novedosos de este año de elecciones, es que el Instituto Nacional Electoral (INE) fiscalizará, por primera vez, la totalidad de ingresos y gastos de las campañas que se lleven a cabo en todo el país. 

Pero la reforma electoral más reciente no sólo estableció una autoridad nacional encargada de la revisión de los gastos de los partidos políticos, sino que también cambió las reglas en torno a esta comprobación. Hay tres elementos centrales de estas nuevas reglas de la fiscalización. 

A diferencia del modelo anterior, la autoridad electoral no tiene que esperar a que se entregue un “informe” que consolide operaciones durante un cierto periodo para iniciar su trabajo de fiscalización. El INE podrá auditar operaciones conforme se van reportando, revisar la documentación comprobatoria, corroborar las operaciones reportadas por los partidos con fuentes externas y hacer requerimientos de información a los proveedores, instituciones bancarias y otras autoridades sin tener que esperar al cierre del periodo cuando los partidos preparen su informe. 

Pasaremos de una fiscalización ex post a otra inmediata y oportuna.

Otro elemento del nuevo modelo es que se han establecido —en el Reglamento de Fiscalización y varios acuerdos aprobado por el Consejo General— reglas homogéneas para reportar operaciones y prorratear los gastos genéricos. A diferencia del pasado, en que cada partido tenía su propia contabilidad, en adelante todos los partidos tendrán que seguir un formato para registrar sus operaciones de ingreso-gasto.

Asimismo, los partidos dejarán de ser quienes decidan a su conveniencia la forma en que se prorratea el gasto de campaña genérico. Cuando el gasto beneficie a más de una campaña, todos los partidos deberán seguir las mismas reglas de prorrateo establecidas en la ley y el Reglamento de Fiscalización del INE. 

Pasaremos de una fiscalización ad hoc a otra basada en reglas generales. En consecuencia, mediremos a todos los partidos con la misma vara. 

Un tercer elemento del nuevo modelo de fiscalización es que el Consejo General, a través de la Comisión de Fiscalización, contará con el tiempo y los medios para revisar el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización.

Para ello tendrá a su disposición de forma oportuna la base de datos de las operaciones registradas, de las operaciones modificadas en revisión y de las operaciones no reportadas. 

Con esta información, la Comisión de Fiscalización, los partidos políticos y luego el público interesado podrán reproducir los resultados del dictamen consolidado que proponga la Unidad Técnica de Fiscalización del INE. 

Pasaremos de un modelo de fiscalización que le apostaba todo a la autonomía técnica del órgano fiscalizador a otro en donde el trabajo técnico del órgano fiscalizador también puede ser fiscalizado. 

El funcionamiento de este modelo sólo es posible gracias a las nuevas tecnologías de la información. Sólo en la era del Internet y del procesamiento masivo de datos puede operar un sistema de esta naturaleza. Pero, en última instancia, la implantación del nuevo modelo requerirá de un cambio cultural entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos. Y es la gestión de este cambio el reto más importante del INE. 

(Agencia EL UNIVERSAL)