La afectación puede ser tan sutil como la divulgación de rumores, o tan cruda como la violencia física o sexual. Caer de la gracia de algún catedrático puede ser suficiente para saberse en riesgo de obtener una calificación reprobatoria.
Prácticamente recién iniciado el presente ciclo escolar, llama la atención que entre las quejas que atiende la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en la región Tulancingo, destaquen las emprendidas en contra de profesores adscritos a la Secretaría de Educación Pública (SEPH). Dedicado como estoy a la docencia y la investigación, después de transitar como alumno desde preescolar hasta posgrado, me parece un tema de suyo sugerente, pues he conocido, atestiguado y hasta padecido prácticas abusivas.
Cierto es que madres y padres y familia, cuando se trata de sus menores hij@s, así como las presuntas partes afectadas, si son mayores de edad, pueden ser quisquillosas en extremo. Pero cierto es también que no todas las acusaciones carecen de fundamento: en las aulas y los propios centros educativos también se ejerce el poder. Y no sólo eso, también entre el profesorado abundan las susceptibilidades.
La afectación puede ser tan sutil como la divulgación de rumores, o tan cruda como la violencia física o sexual. Caer de la gracia de algún catedrático puede ser suficiente para saberse en riesgo de obtener una calificación reprobatoria. También he tenido noticia de casos que rayan en lo absurdo. Caso particular es el de un profesor universitario que solía pedir a sus alumn@s vistieran ad hoc para el festejo guadalupano en 12 de diciembre, so pena de ser reprobad@s.
Hay otras historias. En los corrillos universitarios, por ejemplo, se divulgaba que un profesor de derecho decía a sus alumnas cada inicio de semestre: “todas tienen cero, pero con un palito tienen diez”. Algo impensable en la actualidad, pero sin duda el cambio de formas no implica un cambio de prácticas.
Aunque la regla general es que la parte más vulnerable permanezca en silencio ante la posible represalia y acepte el sometimiento, no se trata de un asunto menor. Sus efectos en el corto y mediano plazos están lejos de ser inocuos. La queja, por lo demás, es un recurso en el que se camina prácticamente sólo, ante la escasa solidaridad.
Dura lex sed lex, y quien acusa está obligad@ a probar. La cuestión esencial es que en la mayoría de los casos no hay pruebas fehacientes del abuso. Incluso ocurre como con la violencia doméstica: sólo se notan el abuso cuando éste es grave. Con ello, l@s agresores pueden fácilmente escurrir el bulto. Más, si desde las propias instituciones de enseñanza se les protege.
La CDHEH únicamente está facultada para emitir recomendaciones. La creación de una Procuraduría Social, como se propone en el congreso local, puede ser una instancia útil para que la parte afectada tenga mayores garantías y, en su caso, profesor@s abusivos encuentren castigo.
Dado que está inmersa en la oferta educativa de todos los niveles, seguramente en la SEPH ya están tomando cartas en el asunto. Los casos se acumulan y algo debe hacerse para meter en cintura a integrantes de sus cuerpos docentes que en su fuero interno asumen “el maestro soy yo”.