Incentivos a la impunidad
El fuero es un estímulo para que los funcionarios y legisladores de más alto nivel del país puedan evadir la justicia. Les permite robar, evadir la ley o violar los derechos de otros ciudadanos sin que deban enfrentar las consecuencias. ¿Es ese el sentido del fuero? Por supuesto que no. El fuero está diseñado para eximir a las autoridades de responsabilidad personal cuando están tomando decisiones que son de Estado, cuando están cumpliendo con las tareas propias de su cargo. Sin embargo, en México no se ha querido establecer la distinción y por ende se ha convertido en un pasaporte dorado para fomentar la impunidad y la corrupción.
El flamante Sistema Nacional Anticorrupción omitió fijar esta diferencia y ha dejado intacto el fuero de las autoridades más prominentes del país. El debate en el Congreso se centró marcadamente en la decisión de eliminar o no el fuero para el Presidente de la República. En tanto que jefe del Estado y del gobierno mexicano, el Presidente es una figura que a todos nos representa, que es el líder de la nación y por ello debe ser un ejemplo a seguir por su honestidad, compromiso y apego a la legalidad. Su comportamiento como jefe de Estado y las decisiones que tome en ese plano deben estar salvaguardas por la ley, no así su conducción en el terreno personal.
La inmunidad que se otorga a los diplomáticos es un símil relevante, que debió ser parte del debate legislativo sobre el Sistema Anticorrupción. Un embajador acreditado en México no puede apelar a la inmunidad diplomática para asesinar a alguien que le caiga mal o para estacionar su automóvil en medio del Periférico. Hace unos años, el hijo del embajador de Brasil en Estados Unidos le pegó un tiro a una persona en una discoteca. Este acto no guardaba relación alguna con la función diplomática de su padre y por tanto fue arrestado como cualquier otra persona que hubiera cometido un acto similar. Si, por el contrario, el embajador hubiera sido perseguido o consignado por defender las posturas políticas de su país, en ese caso se habría aplicado la inmunidad diplomática sin la menor de las dudas.
Deja un mal sabor de boca que el Congreso haya dejado abierta esa gran ventana para la impunidad, que no haya hecho esa importante distinción entre responsabilidad institucional y responsabilidad personal. Deja la fea impresión de que estuvieran cubriéndose ante la eventualidad de que se les sorprenda con actos de corrupción o violaciones de la ley, presentes o futuros. El desvío de fondos, la concesión de contratos donde llevan un beneficio personal o el uso indebido de los recursos públicos son desviaciones de la conducta que lastiman al conjunto de la sociedad y que no pueden ser encubiertos por el fuero. Si bien recurren invariablemente a la queja de que se les señala por motivaciones políticas, lo cierto es que los funcionarios denunciados por malos manejos buscan cualquier recoveco para ocultar sus prácticas ilegales. Su prioridad no es actuar correctamente, sino que no les sorprendan en la maniobra.
De ahí que ocupemos el nada honroso segundo lugar mundial en el índice de impunidad. Si nuestras autoridades y representantes se dejan a sí mismos abierta la puerta para violar la ley sin consecuencias, el pueblo seguirá su ejemplo; unos la evaden, los otros no la respetan.