• Sesenta cargos de alto nivel han sido imputados en la trama de la compañía en el mayor escándalo de corrupción de Latinoamérica

La actuación policial para llevar al ex presidente de Brasil Lula da Silva a declarar supone el punto más álgido hasta la fecha de la operación «Lava Jato», que desde abril de 2014 investiga el desfalco de miles de millones de dólares desde la petrolera estatal Petrobras para funcionarios de la empresa, partidos políticos e intermediarios por medio de contratos sobrefacturados. Pero su alcance político y económico es mucho mayor. La organización Transparencia Internacional ha calificado la trama de Petrobras como «uno de los mayores casos de corrupción en la historia de América Latina».

La semana pasada, el jefe de campaña de Lula y de Dilma Rousseff, Joao Santana, fue detenido por la Policía acusado de recibir ilícitamente millones de reales procedentes de empresas constructoras para sufragar las campañas del Partido de los Trabajadores (PT), el de Lula y Rousseff.

El lunes pasado, el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, dimitía de su cartera como consecuencia de las críticas recibidas por su formación, el Partido de los Trabajadores, por no haber frenado las investigaciones de las fuerzas del orden contra altos mandos del partido.

48 ocho horas después, el Supremo Tribunal Federal aceptaba la petición de la Fiscalía general para juzgar al presidente del Congreso, el conservador Eduardo Cunha, a quien los investigadores acusan de haber recibido cinco millones de dólares en cuentas en Suiza a cambio de facilitar contratos de suministro de empresas con Petrobras. Con él, que ocupa el tercer escalón en la línea de poder tras la presidenta y el vicepresidente, ya son más de 60 los políticos de alto nivel investigados o imputados en la trama, entre los que figura también el presidente del Senado, Renan Calheiros.