Mientras el gobierno de México se encuentra cuestionado internacionalmente por los sucesos de Sinaloa, en Bolivia se discute sobre la segunda vuelta en las elecciones presidenciales.
La llegada al poder de un gobierno democrático en nuestro país después de años de simulación de los partidos tradicionales de derecha, PRI y PAN, han abierto la posibilidad de transitar hacia un nuevo rumbo en la forma de dirigir al Estado, de ejercer el gobierno, de fundamentar y poner en marcha una nueva política económica y social en el país, pero también deja entrever la enorme responsabilidad por ello y las consecuencias de los errores
Los gobiernos de izquierda que han transitado por las presidencias de los países de Latinoamérica y el Caribe, sin duda han abierto la posibilidad de encumbrar en el poder a las clases populares; pero también, en la medida de los errores cometidos y de no saber usar el poder conferido para gobernar, han abierto las puertas para el regreso de la derecha al poder. En Brasil no solo se abrió la puerta para el retorno de la derecha, sino para que los corruptos se instauraran en el poder; mientras que, en Argentina, la izquierda se prepara para volver al poder después de los errores cometidos que encumbraron a Macri y del aprendizaje de sus propios errores cuando gobernaron.
Los casos de Venezuela y Nicaragua han dado pie para que los detractores de la izquierda arremetan contra los gobiernos democráticos surgidos de esa corriente, como en el caso de México; en buena medida, porque Nicolás Maduro y Daniel Ortega nunca fueron de izquierda, sino personajes avariciosos y oportunistas que asaltaron el poder del pueblo para hacerse con él y sacar provecho personal en el ejercicio del gobierno.
En Bolivia, el presidente Evo Morales ha dado cátedra de rectitud, pero no está exento de errores. Morales busca un cuarto mandato que le permite la constitución, en un país donde más del 80% de la población es indígena y su gobierno ha permitido posicionar a las comunidades indígenas (quechuas y aimaras) en el poder, empoderándolas en el ejercicio del gobierno, en un hecho sin precedentes después de siglos de dominación de blancos y mestizos.
Sin embargo, en las elecciones presidenciales efectuadas este domingo pasado, luego del 84% de los votos contados, la Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia, Maria Eugenia Choque, anunciaba que el presidente Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), había obtenido 45.28% de los votos, frente al centrista Carlos Mesa, con el 38.16% de los votos; de tal forma que colocó a ambos contendientes por la presidencia en una segunda ronda.
Carlos Mesa, quien fuera presidente de 2003 a 2005, llamó a sus partidarios a organizar una vigilia ante los centros electorales en todo el país, para defender el 38% de los votos que le dan acceso a una segunda vuelta para el 15 de diciembre próximo. Meza aspira a arrebatarle la presidencia a Evo Morales, elegido en la primera ronda hasta hoy.
La Organización de Estados Americanos (OEA), con alrededor de 100 observadores internacionales, está con el ojo en la mira en las elecciones bolivianas y ha exigido que el TSE explique por qué se ha interrumpió la transmisión de resultados parciales, exigiendo transparencia en las elecciones. Sin embargo, el presidente Morales tiene aún confianza del que el voto de las zonas rurales le permita evitar la segunda vuelta; para lo cual requiere obtener una mayoría absoluta o al menos el 40% de los votos y que el 75% de los votos faltantes por contabilizar sean a su favor, algo imposible.
La realidad es que, se debe aprender de las experiencias latinoamericanas de los gobiernos de izquierda y no cometer errores. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, necesita actuar con pies de plomo de cara a los mexicanos; si bien es cierto que la policía de Culiacán y el gobierno de Sinaloa actuaron por iniciativa propia y sin coordinación con las autoridades federales, efectuando reuniones previas con la DEA y haciendo a un lado al ejército mexicano, los ciudadanos están indignados por los sucesos y eso puede pasarle factura en las próximas elecciones federales. Por lo que hoy se requiere que el Estado asuma su rol en todos los campos, para rescatarlo del aislamiento en que el neoliberalismo intentó meterlo; pero, sobre todo, el proporcione a los ciudadanos el bien público colectivo más transparente: la seguridad.
