Integrantes del Ejido de Tula se manifestaron ayer en la Alcaldía, para exigir que sus peticiones sobre la problemática del Relleno Sanitario sean atendidas. La caravana de manifestantes, además, bloquearon por dos horas las principales entradas y salidas a la al centro de la ciudad lo que generó un tremendo caos.
Los ejidatarios manifestaron que acudirían a manifestarse pacíficamente a la alcaldía, sin embargo al llegar y no encontrar al alcalde, decidieron radicalizar su protesta cerrando calles, lo que causó severas molestias entre la ciudadanía por la hora pico (14:15) en que se efectuó la protesta, ya que no quisieron dialogar con el director de Gobernación en Tula, Francisco Hazel Partido Rodríguez.
Antes, los representantes del ejido encabezados por el comisariado ejidal, Aristeo Hernández Mendoza, en conferencia de prensa, dio lectura a un comunicado en el que exigieron respeto a la protesta y pidieron una solución definitiva al conflicto del relleno sanitario regional en el que los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan y Tula de Allende depositan desde hace ocho años los desechos sólidos que son recolectados de la ciudadanía de sus demarcaciones.
Hernández Mendoza puntualizó que el relleno sanitario regional se encuentra ubicado en territorio del ejido de Tula y acusó que en ningún momento fueron informados sobre el cambio de uso de suelo a una de las parcelas, y que como consecuencia la asamblea ejidal no autorizó que el lugar se convirtiera en una fuente de contaminación.
Dijo que ante los hechos el Ejido de Tula promovió un amparo indirecto el número 281/2018 y que el juez les concedió la suspensión de oficio y de plano para que los municipio dejaran de depositar en ese lugar los desechos, pero que se burlaron del juez y continuaron haciéndolo, por lo que determinaron bloquear los accesos al basurero.
Aristeo Hernández comentó que a cambio de 33 millones de pesos el relleno se entregó a la empresa Arcángel, misma que no da el tratamiento a los desechos ni da cumplimiento a la norma ambiental, por lo que opera como tiradero a cielo abierto generando con ello daños ambientales irreversibles.
Acusaron que los municipios han dado evasivas a la problemática, además negaron que estén solicitando 30 millones de pesos como pago de indemnización, dijeron que la propuesta que se puso sobre la mesa es que por año cada municipio les pague 400 mil pesos que es decir el retroactivo a ocho años, lo que significa que cada municipio deberá pagarles 3 millones 200 mil pesos para dar un total de 16 millones de pesos.
Finalmente los campesinos puntualizaron que sus peticiones son legítimas, como es el pago de la indemnización por los daños ecológicos, así como el compromiso de las autoridades de sanear el lugar.
