OPINIÓN

La Cámara de Diputados dio parte ayer a las procuradurías de la República y del DF del informe de la comisión que investigó una catástrofe financiera y urbana del anterior gobierno de la capital: la fallida Línea Dorada del Metro, que consumió 45 mil millones de pesos, el 60%, recursos federales.

En ese informe, que encabeza la agenda pública nacional, se señalan probables responsabilidades, entre otros, al ex jefe de Gobierno de la capital, Marcelo Ebrard, y a su secretario de Finanzas, Mario Delgado.
El colapso de la más espectacular, costosa y esperada ruta subterránea de pasajeros violó grandes expectativas de transportación diaria de medio millón de mexicanos, tras su inauguración y la posterior clausura de más de la mitad de sus estaciones. Ello se pudo deber a incapacidad, negligencia o corrupción. O a una combinación de las tres. Y eso lo dilucidarán las procuradurías. Pero nada justificaría la ausencia de rendición de cuentas y que todo quedara en juegos de impunidad, como parecerían exigirlo el propio Ebrard y sus aliados.
Como si no hubiera en esta historia cuantiosas responsabilidades a exigir, el ex jefe de Gobierno convoca en su auxilio los más excitantes juegos de guerra conspirativos. Le atribuye su desgracia, primero, a la versión que habla de su propia conspiración con medios informativos afines para divulgar datos acopiados —desde el gobierno de la capital— sobre unas muy publicitadas operaciones inmobiliarias supuestamente constitutivas de conflictos de interés en el gabinete y en Los Pinos.
Peña/Ebrard.
Al presentar al nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, el presidente Peña Nieto le solicitó que investigue y resuelva los señalamientos que involucran a su esposa y al secretario de Hacienda, al tiempo que anunció una serie de medidas drásticas para identificar con precisión y prevenir conductas susceptibles de considerarse como tráfico de influencias.
Ello contrasta con la versión que le atribuye a Ebrard la operación mediática contra la esposa del Presidente, no en busca de justicia o de saneamiento de la vida pública, sino con el propósito originario de descarrilar la candidatura del actual Presidente en 2012, si el candidato del PRD hubiera sido el mismo Ebrard, y más tarde para descarrilar al gobierno federal antes de diciembre de 2014, con la fantasía de volver a convocar a elecciones.
En fin, como si no hubiera quebrantos punibles ni daños a reparar en los desfalcos del Metro, el otro juego conspirativo invocado por sus presuntos responsables consiste en reducir la motivación de la mayoría de los diputados, en su informe, al propósito de vengar la conspiración anterior contra Los Pinos. Pero no hay teoría conspirativa capaz de desvanecer las responsabilidades derivadas de daños de tal gravedad a la ciudad, daños que no se pueden atenuar invocando además una supuesta negación del ‘derecho de réplica’ de los implicados, en la sesión de la Cámara de Diputados del domingo.
Derechos de los acusados. Los presuntos responsables han tenido a salvo sus derechos en las investigaciones de los órganos administrativos y seguramente los tendrán en los órganos ministeriales, así como en los juicios de derecho que resulten, además de mantener su alto protagonismo en los juicios paralelos entablados en sus medios afines. Incluso, uno de los cuestionados, el senador Mario Delgado, podría ser citado por la sección instructora y en su momento por el pleno de la Cámara para alegar lo que mejor le convenga, si se da curso a un procedimiento de desafuero. Pero nadie que no sea diputado tiene derecho a intervenir en las sesiones sólo de diputados, como tampoco nadie que no sea ministro puede irrumpir con su ‘réplica’ en el pleno de ministros de la Corte.
Los medios tendrán en este caso una nueva oportunidad para mostrar sus avances —o retrocesos— en el tratamiento de la escala de responsabilidades políticas, administrativas y penales de los servidores públicos, más allá de sus compromisos clientelares.