México, DF.- En México, el agua podría convertirse en objeto de especulación y causa de conflictos, aseguró Guillermo Gazanini Espinoza, secretario general del Consejo de Analistas Católicos de México (CACM), en el contexto de la controversia que ha generado la iniciativa de Ley General de Aguas.

“El proyecto de Ley General de Aguas busca integrar a los tres órdenes de gobierno para favorecer servicios de distribución bajo el cuidado de órganos y entidades vigilantes de la prestación del vital líquido. En el papel, estas políticas hídricas buscan principios de corresponsabilidad y sustentabilidad para reconocer el valor social, ambiental, cultural y económico del agua”.

Gazanini Espinoza subrayó que el régimen del artículo 27 constitucional preserva la propiedad originaria de la nación sobre las aguas continentales o marítimas; así lagunas, esteros, ríos, lagos, vasos, manantiales, aguas del subsuelo, marinas y marítimas interiores y aguas de utilidad pública están en esta peculiaridad jurídica a fin de que sean aprovechadas de la mejor manera por los habitantes beneficiados gracias a la administración de autoridades.

En un análisis del Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (Siame), el dirigente del CACM señala que el proyecto no privatiza la propiedad de las aguas, ningún particular puede adueñarse de ellas ni justificar derechos. Salvo el caso de libre disposición de los consumidores por motivos personales y domésticos –dice el proyecto “mediante uso de medios manuales”- donde no haya redes hidráulicas, se podrán realizarse concesiones para el manejo y distribución.

Comenta que el problema no es la propiedad nacional sino la infraestructura y redes que implicarían la progresiva mercantilización de la gestión del agua, además de la posibilidad de trasvases. (Agencias)