IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
En el marco del Día Internacional de la Mujer 2023, los países iberoamericanos adoptarán en la próxima Cumbre Iberoamericana un documento con estándares comunes que permitan garantizar los derechos humanos en el entorno virtual y desarrollar regulaciones nacionales sobre tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o las neurotecnologías con la Carta de Principios y Derechos Digitales que propone una digitalización centrada en las personas.
Los cuestionamientos que se plantean de entre otros, giran en torno a responder en cómo en una sociedad digital donde los algoritmos, la inteligencia artificial y la realidad virtual ganan cada vez más protagonismo, ¿Cómo garantizar el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades?, ¿Cómo desdibujar la línea que separa a ganadores y perdedores de esta digitalización imparable?, ¿Cómo frenar la exclusión digital de quienes no tienen ni la conectividad ni los conocimientos para aprovechar los beneficios tecnológicos?
La Carta Iberoamericana, se presentará en la XXCVIII Cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno para proponer estándares comunes de aplicación al entorno digital los derechos humanos hay reconocidos en el mundo presencial. Así como elaborar nuevos derechos para responder a los desafíos que emergen de las tecnologías disruptivas como es la inteligencia artificial.
Menciona que aunque la Carta no es vinculante ni afecta la aplicación de las leyes nacionales, sí propone un punto de partida y un marco de referencia para desarrollar leyes y/o políticas públicas en los países que la suscriban, y los principios actualizados que pueden aplicar las empresas y la sociedad civil al momento de desarrollar y utilizar nuevas tecnologías.
Se espera que la adopción de esta carta convierta a Iberoamérica en una de las primeras regiones del mundo en contar con estándares comunes para poner a la persona en el centro de las políticas públicas digitales y garantizar sus derechos.
En este sentido Iberoamérica podría convertirse en una de las primeras regiones del mundo en contar con estándares comunes para una digitalización centrada en las personas, como una oportunidad histórica de protagonizar el desarrollo tecnológico ético y comprometido con los derechos humanos.
El derecho a la inclusión digital, podría garantizar que la transformación tecnológica no genere nuevas brechas de desigualdad, ni profundice las ya existentes en una región como América Latina donde más de 244 millones de personas que representa el 32 por ciento de la población, no tiene acceso adecuado a la conectividad.
La inclusión digital es un tema ineludible, y que es más que sólo el acceso y calidad de conexión, sino que involucra también las posibilidades de las personas y de los países, a más de posibilitar formas de ejercer derechos básicos como la educación, la salud y el acceso a la justicia o información.
De esta manera la inclusión digital es un derecho y una asignatura pendiente, debido a que los países que suscriban esta hoja de ruta regional se comprometan a que la digitalización potencie el acceso a la educación, la cultura y la salud, así como al impulso de políticas públicas que promuevan un medio digital saludable que proteja a los más vulnerables, especialmente a la niñez de entornos digitales abusivos y adictivos.
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