FAMILIA POLÍTICA
La norma jurídica es, hoy por hoy el único instrumento legal y legítimo, para descubrir el supremo valor de la justicia. La Ley es imperfecta, pero siempre perfectible; correctamente aplicada, debe ser eficaz instrumento para preservar la paz social y evitar, de facto, la hegemonía del más fuerte.
“Sentencia que no se cumple:
justicia que no se alcanza”.
Máxima jurídica.
Hace pocos días la prensa nacional dio a conocer una inusitada noticia: “Corte destituye a Jefe Delegacional, debido a que incurrió en desacato al no cumplir con una sentencia”. La nota se refiere al cese fulminante del Jefe de la Delegación Venustiano Carranza de la Ciudad de México, el cual será consignado a un juez federal por “incumplimiento reiterado de una sentencia de amparo relativa a la reinstalación y pago de salarios de cuatro trabajadores”. Es pertinente mencionar que igual suerte estuvieron a punto de sufrir, una Secretaria del Gabinete y otros funcionarios de alta jerarquía, los cuales se salvaron por cumplir en el último momento sendas resoluciones del más alto Tribunal del país.
Al respecto, días después, el mismísimo Presidente de la SCJN, Luis María Aguilar expresó públicamente: “Cada sentencia tiene en sí misma la importancia de representar y significar el Estado de Derecho; cada sentencia es producto del sometimiento de las partes al orden y prevalencia de la ley; por eso cada sentencia debe cumplirse. No hay sentencias importantes y otras no tanto. El monto, los involucrados… si bien son determinantes por su carácter de partes en el juicio, son secundarios ante el cumplimiento del orden legal… Si no se cumplen las sentencias, el Estado de Derecho no es más que una ficción y éstas no valdrán ni el papel en el que están impresas”.
La nota debe interesar a cualquier ciudadano, a los funcionarios y a quienes hacemos del Derecho actividad cotidiana y de las sentencias, culminaciones (fundadas y motivadas) de sendos procesos jurídicos. Nos da oportunidad para reflexionar: cierto es que la percepción generalizada en relación con asuntos de procuración y administración de justicia indica que la confianza de los mexicanos en las personas e instituciones responsables, se deteriora; que la gente muestra escepticismo o de plano manifiesta con enojo: “¡Yo no creo en la justicia!”. Hay alguno que desde su sitial de Gran Tlatoani expresa: ¡Al diablo con las instituciones!
Contra lo que pudiera creerse, los sistemas de usos y costumbres, que aún prevalecen en determinadas comunidades (preponderantemente indígenas), no siempre responden a la concepción romántica, que encuentra en las decisiones patriarcales ejemplos prístinos de un “deber ser” al margen de las leyes escritas: crueldad, misoginia, homofobia, racismo y otras manifestaciones de ese concepto de “justicia”, son, a la luz del derecho positivo, violatorias de la dignidad humana.
La norma jurídica es, hoy por hoy el único instrumento legal y legítimo, para descubrir el supremo valor de la justicia. La Ley es imperfecta, pero siempre perfectible; correctamente aplicada, debe ser eficaz instrumento para preservar la paz social y evitar, de facto, la hegemonía del más fuerte.
Uno de los múltiples riesgos de cualquier sistema jurídico es el desvío de poder, su aplicación sesgada por parte del gobernante en turno. Si bien los tribunales son partes del Estado, también le marcan límites para proteger al gobernado. Célebre es la frase del Siervo de la Nación inscrita en el frontispicio de la Cámara de Diputados: “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja de la arbitrariedad”.
Continúan las palabras del Ministro: “Todas las partes en un juicio y en especial cuando éstas son autoridades, deben cumplir las sentencias que emiten los tribunales previamente establecidos como señala nuestra Ley Suprema y con mayor razón cuando estas sentencias se emiten para resguardar los derechos humanos que protege y reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ello, la Constitución como guía de nuestra convivencia que es, exige que todas las sentencias se cumplan cabalmente y sanciona con severidad el desacato. Todo habitante de nuestro país espera que el sometimiento a la norma jurídica y el cumplimiento de las sentencias que a su amparo se dictan, sean la base del respeto social y de la convivencia pacífica”.
Es oportuno poner énfasis en la obligación que las autoridades, cuando son sancionadas, tienen de cumplir las resoluciones de los órganos jurisdiccionales. El “síndrome del tabique” (mareo por altura) afecta a algunos servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, quienes abierta o simuladamente desafían a los tribunales confiados en que éstos no tienen el poder (los dientes) necesario para hacer efectivas las multas, pedir la intervención de la fuerza pública, invocar con eficacia la acción correctiva del superior jerárquico, e incluso llegar a la destitución. Hoy, el Supremo Tribunal de la Nación marcó un importante precedente.
Así remata el Ministro Presidente: “Todos los juzgadores… y todos los tribunales del país, tenemos el deber de cumplir y de hacer cumplir la Constitución que nos rige y ampara, sin excepciones y sin más miramiento que la justicia y el respeto a los derechos de todos”.
En la tradicional “Justicia a la mexicana” aún se estila que con una llamada se arreglen asuntos que involucran a personajes que se sienten intocables. Es inconcebible la enciclopédica ignorancia de la dirigente nacional de un partido político, quien se atrevió a cuestionar, por excesiva, la decisión de la Suprema Corte y así defender el indefendible desacato de uno de sus cuadros distinguidos. En verdad os digo: “No se puede llegar al Gobierno sin perder la oposición”.
Noviembre, 2017.
