Propietarios del predio del Relleno Sanitario Regional, bloquearon ayer, con maquinaria pesada, el acceso principal al lugar, impidiendo así el ingreso a los camiones recolectores de basura de los municipios de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan y Atotonilco de Tula que depositan ahí los desechos sólidos que son recolectados en sus demarcaciones.
Argelia Velázquez León, propietaria y apoderada legal de la familia, reiteró que continúan en su lucha de exigencia al saneamiento del lugar, tras el incumplimiento no sólo de las autoridades de los municipios antes mencionados, sino de la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por lo que solicitaron al gobernador Omar Fayad Meneses atienda la problemática ambiental.
Velázquez León se dijo confiada en que como ha venido actuando el gobernador de cero impunidad, se investigará adónde fueron a parar los más de 31 millones de pesos que Pemex pagó por depositar ahí los desechos que se encontraban en los terrenos de la fallida refinería Bicentenario y que en su momento recibió el secretario de la Semarnat, Honorato Rodríguez Murillo.
Recordó que ante la grave problemática ambiental al suelo, agua y aire que ha generado el tiradero a cielo abierto, en ningún momento fue atendida por los ex alcaldes, de Tula, Jaime Allende González; de Tlaxcoapan, Miguel Ángel López Hernández; Atitalaquia, Jaime Reyes y Atotonilco de Tula, Edgar Reyes Martínez, como tampoco por el ex gobernador Francisco Olvera.
Tras el bloqueo al acceso al tiradero, los camiones recolectores de basura, así como camiones y camionetas particulares permanecieron varados en las inmediaciones del lugar, lo que provocó que al no tener dónde depositar los desechos las unidades en los diferentes municipios la recolección de basura no se realizó de manera normal.
Finalmente, los propietarios del predio dijeron que ahí permanecerán hasta en tanto se les brinde una respuesta a su demanda y se cumpla con las recomendaciones que sobre la mala operación del lugar hicieron la Comisión de Derechos Humanos y la Procuraduría Estatal de al Medio Ambiente.