Desde la aprobación de la reforma energética en 2013 al día de hoy, pasaron muchos días para estudiar escenarios de la liberalización de los precios de las gasolinas. Sin embargo, todo parece indicar que ni el gobierno ni los partidos políticos se dieron a la tarea de analizar cuál sería la reacción de los ciudadanos y realizar una mejor planeación para ello; lo cual queda de manifiesto en la reciente aprobación del “Paquete Económico 2017”, el que incluía la política de liberalización dentro de la Ley de Ingresos. Hoy cualquiera puede intentar sacar ventaja del descontento popular.

Es absurdo que ahora, después de desatar la cólera de los ciudadanos por los incrementos a los precios de las gasolinas y de la electricidad, el Coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, el Diputado César Camacho Quiroz, informe que “el presidente Enrique Peña Nieto presentará en breve un plan para mitigar el impacto en los sectores más desprotegidos, por el aumento en el precio de las gasolinas” ¿A caso no debió preverse en la Ley de Ingresos para 2017, un conjunto de medidas para aterrizar la liberalización del sector energético, en especial el mercado de las gasolinas?

¿Quién gobierna México hoy, quién está al frente de la política económica del país; qué hacen los Diputados y Senadores, cuyos sueldos constituyen una afrenta para los más de 55 millones de pobres y los más de 34 millones de mexicanos desempleados o que sobreviven en la economía informal?

Incluso en la oposición, resulta ridículo que senadores y diputados intenten movilizar a la población, ponerse al frente del descontento popular, cuando durante la discusión de la Ley de Ingresos 2017 no lo hicieron ¿Acaso no pudieron manifestar su indignación iniciando una huelga de hambre, por ejemplo; denunciando lo que ellos debieron prever que pasaría al incrementar los precios de la energía? Pero no lo hicieron, en 2013 no fueron capaces de movilizar a los ciudadanos en contra de la reforma energética y en 2016 prefirieron recibir sus sueldos y bonos millonarios, antes que ensuciar sus trajes con el sudor del pueblo.

Estamos frente a una clase política casi homogénea, donde privan los intereses personales y de partido sobre las posiciones ideológicas, las cuales parecen haber desaparecido frente a las prebendas que partidos y legisladores obtienen anualmente del dinero público. Ahora en nuestro país el negocio es tener un partido, ser diputado, senador, gobernador, presidente municipal o al menos regidor, no para servir al pueblo como debiera, sino para servirse del mandato popular para llevar una vida cómoda, al menos por un tiempo, invertir en algún negocio y asegurar una vida con ciertas comodidades.

El enojo del pueblo, de los millones de ciudadanos que se han quedado sin vanguardia, sin partido político y sin dirigentes ahora, es la manifestación de una erupción popular de rabia contenida, de indignación acumulada durante años. A caso la clase política puede obviar que el presidente Enrique Peña Nieto fue electo sólo por el 38% de los electores y que la inmensa mayoría de los mexicanos en condiciones de votar no lo eligió a él para conducir al país; por lo tanto, existe un rechazo de la mayoría de los mexicanos a su gobierno y a sus políticas, rechazó que poco a poco va tomando forma en las protestas actuales.

Resulta absurdo e increíble, que el presidente, sus secretarios y asesores, no hayan analizado los escenarios posibles de la puesta en marcha de la reforma energética, que a un año de las elecciones de 2018 provoquen al pueblo ¿A caso ellos consideran que los ciudadanos no tienen memoria?. El PRI y el presidente Peña Nieto están enterrando ahora cualquier posibilidad de triunfo en 2018, a pesar de que su dirigente nacional lo niegue.

Pero también, el PAN y Anaya, su presidente actual, que dirigió el proceso de aprobación de la reforma energética y la defendió como suya están cavando su propia tumba de cara a las elecciones presidenciales de 2018, así como lo que hoy en el país se ha dado a llamar como “izquierda”, los partidos que juegan a la oposición pero que trabajan de manera complaciente en la Cámara de Diputados y Senadores, para aprobar reformas que no han contribuido a impulsar el desarrollo del país y a mejorar el bienestar de los ciudadanos ¿O habrá quien pueda demostrar que lo ha hecho?

2017 ha comenzado mal para el gobierno nacional y nada indica que pueda mejorar. La especulación y rumores desatada por el aumento de los precios de las gasolinas, han asaltado a la sociedad en estos días. Hay quienes hablan hasta de un posible golpe de Estado, algo que no sucederá en México por la lealtad de las fuerzas armadas al gobierno civil y la inexistencia de una corriente progresista dentro de ellas; pero sin duda, si hoy se diera, seguramente recibiría el apoyo popular aplastante de los ciudadanos, el apoyo de millones de hombres y mujeres hundidos en la miseria, hartos de la corrupción y el derroche de los recursos públicos.

A ese enojo popular ahora hay que agregar la cancelación de inversiones de la Ford por 1,600 millones de dólares en San Luis Potosí; de mil millones de dólares de Toyota en Guanajuato; la suspensión de posibles inversiones nuevas de GM y Chrysler y la cancelación de puestos de trabajo actuales; todo ello, debido a la política que implementará el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para repatriar inversiones y empleos, a partir del próximo 20 de enero.

Es posible que la designación del Dr. Luis Videgaray al frente de la Cancillería pueda contribuir a evitar la cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) o la imposición de medidas que afecten el comercio de México con los Estados Unidos, incluso la deportación de millones de mexicanos indocumentados; pero la conducción de la política económica del país y sus desaciertos, seguirán siendo responsabilidad del presidente, de los diputados y senadores de México; al pueblo le corresponderá sancionarla, aprobarla o castigarla en 2018.