• Derivado de las medidas de austeridad, refiere Ricardo Rivera que este tipo acciones no corresponden a la normativa federal

Mediante comunicado, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín, expresó su preocupación por los cambios realizados desde el Gobierno Federal, en el que refirió que la Procuraduría de la Defensa del Constituyente (Prodecon) está sujeto a las medidas de austeridad, cuestión que decretó como “un proceso de desmantelamiento”. 

Ante esta situación, declaró que la función de la Prodecon cobra importancia, ya que tiene que ver con la procuración de justicia y defensa de los derechos humanos a favor de pensionados, jubilados, asalariados, agricultores, amas de casa, estudiantes, técnicos y profesionales, además de los micro, pequeños y medianos empresarios. 

No obstante, a raíz del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de abril, en el que a las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se les reducirá hasta el 75 por ciento de su presupuesto, y donde se prevé se incluya la Prodecon, el líder patronal aseveró que esto no toma en cuenta el ordenamiento de esta dependencia. 

De acuerdo con este ordenamiento, el alcance de las disposiciones de esta dependencia no aplica a programas prioritarios, incluyendo a los que se dediquen a la defensa de los derechos humanos. 

En ese sentido, señaló al Gobierno Federal por querer comenzar un proceso de desmantelamiento de instituciones públicas, tal como en el caso de la dependencia antes mencionada, en primer lugar proponiendo ternas para ocupar la titularidad de estos entes, sin contar con todos los requisitos legales para su elegibilidad. 

Por otro lado, declaró que la labor que ejerce la Prodecon ha permitido, entre otras cosas, que en el pasado mes de mayo se haya generado una recaudación al Gobierno Federal superior a los cuatro mil millones de pesos, esto gracias a los acuerdos conclusivos. 

Además, agregó que la reducción del presupuesto a la Prodecon eliminaría de facto cualquier capacidad administrativa en cuanto a la defensa de los derechos de los contribuyentes, en especial de las microempresas, por lo que conminó al Gobierno Federal a generar una reflexión interna y corregir esta decisión.