• Seguramente, uno de los temas más sensibles del mapa de las asignaturas pendientes de nuestro país es el de la impartición de justicia. México ha padecido una prolongada y expansiva crisis de credibilidad de las instituciones del Estado, de manera notable en el Poder Judicial, en el que las prácticas de corrupción, amiguismo e influyentismo se han convertido en signos distintivos
Los resultados electorales del primero de julio han abierto grandes expectativas para modificar el funcionamiento de un sistema político orientado a favorecer a los poderosos y la exclusión de las mayorías. La copiosa votación que obtuvo Andrés Manuel López Obrador es una señal inequívoca de los anhelos de cambio de rumbo y las esperanzas de mejores niveles de vida para una porción muy significativa de quienes concurrieron a las urnas.
Los retos son titánicos, puesto que estamos frente a un conjunto de inercias que se han incubado y reproducido en los intrincados circuitos de la corrupción e impunidad. Se trata de fenómenos estructurales que requieren ser extirpados con políticas públicas que ataque desde su génesis a este océano de injusticias.
Seguramente, uno de los temas más sensibles del mapa de las asignaturas pendientes de nuestro país es el de la impartición de justicia. México ha padecido una prolongada y expansiva crisis de credibilidad de las instituciones del Estado, de manera notable en el Poder Judicial, en el que las prácticas de corrupción, amiguismo e influyentismo se han convertido en signos distintivos. Es necesario decir basta y revertir estas prácticas deleznables que se realizan desde el poder.
Las asignaturas pendientes en el Poder Judicial deben ser producto de un amplio consenso y abarcar a diversos sectores. El punto de partida imprescindible es poner un dique infranqueable a la impunidad, negligencia y corrupción. De manera resumida, pero ilustrativa, Miguel Carbonell precisa que “las líneas maestras de las reformas al Poder Judicial, dentro del marco general de la reforma del Estado, se pueden sintetizar en (…) cinco puntos: a) mejoras en la administración de justicia; b) fortalecimiento de la independencia judicial; c) desarrollo de mecanismos alternativos de resolución de controversias; d) mejora de la educación legal de los jueces, abogados y del público en general; y e) creación de nuevos canales para que vastos sectores de la población, ahora excluidos, tengan acceso a la justicia”.
Otra referencia que debemos tomar en cuenta para realizar una intervención cuidadosa y enérgica son las veintiséis recomendaciones que formula Transparencia Internacional en su Informe Global de la Corrupción 2007 donde se realiza un análisis de los fenómenos que afectan a los procesos judiciales, y se analizan dos temas centrales: la interferencia política que presiona a los jueces para que resuelvan en determinado sentido y la corrupción administrativa que involucra al personal de los sistemas judiciales. Por ello, la transparencia debe convertirse en un mensaje inequívoco de que las cosas van a cambiar para bien.
Asimismo, es imprescindible e infaltable para dotar a la SCJN de vientos oxigenantes acordes con los reclamos populares tendientes a desactivar los viejos vicios que han distorsionado el carácter transparente y confiable de quien tiene como función primordial velar por el cumplimiento y la protección de los desvalidos.
En síntesis, nuestra vocación reformadora parte de que en el nuevo horizonte que abre la transición hacia una nueva administración pública que pugna por terminar con privilegios, llamamos a evitar la confrontación, el desencuentro y el espectáculo mediático. Los retos son enormes y seguramente inéditos. Ha llegado la hora de colocar los intereses nacionales y colectivos por encima de los pequeños privilegios de minorías insaciables que han monopolizado el poder atropellando los anhelos de justicia de millones de mexicanos. En eso estamos empeñados y lo haremos con patriotismo y altura de miras.
