• Con nuevas facultades, el pasado 18 de julio inició funciones el Tribunal de Justicia Administrativa, antes denominado Tribunal Fiscal Administrativo
Cohecho, peculado, tráfico de influencias, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito son ejemplos de faltas administrativas graves en que pueden incurrir los servidores públicos y ser sancionadas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), dijo la magistrada Percys Susana Cravioto Luna, titular de este órgano que a partir del 18 de julio adquirió su actual denominación y además quedó facultado para proceder contra los particulares que participen en actos de corrupción.
Algunos de los delitos en que pueden incurrir estos últimos son soborno, tráfico de influencias y contratación indebida de ex servidores públicos, citó la funcionaria del Poder Judicial hidalguense.
De acuerdo con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas, los servidores públicos pueden ser acreedores a suspensión temporal del cargo, destitución o inhabilitación temporal para ejercer algún puesto en la administración pública, además de sanción económica o indemnización, lo cual no los exime de ser denunciados penalmente si el caso lo amerita, explicó la magistrada.
En tanto, las sanciones para particulares que participen en actos de corrupción pueden ir desde el pago de una multa o indemnización hasta su inhabilitación temporal para participar en licitaciones, o incluso llegar a la disolución de la sociedad si se trata de una persona moral.
Cravioto Luna recordó que en 1979 surgió el Tribunal Unitario de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Hidalgo, el cual dependía del Poder Ejecutivo.
Dos años después pasó a formar parte del Poder Judicial y su nombre cambió a Tribunal Fiscal Administrativo. Finalmente, el 18 de julio de 2017 su denominación cambió a Tribunal de Justicia Administrativa, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción impulsado por el gobernador Omar Fayad Meneses.
En el TFA se conocen y resuelven las controversias entre autoridades y particulares en materias fiscal y administrativa. Además, tiene competencia para conocer y sancionar responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares, así como asuntos relacionados con la responsabilidad patrimonial del estado.
Actualmente está integrado por tres magistrados, quienes actúan en dos salas de primera instancia de competencia mixta -fiscal y administrativa-. La primera es encabezada por Prisciliano Gutiérrez Hernández y la segunda por Octaviano Chávez Bustos, mientras que la magistrada Cravioto Luna tiene a su cargo la segunda instancia, donde se resuelven los recursos de revisión.
