El gobernador de la entidad, Francisco Olvera Ruiz, señaló que los debates contribuyen al fortalecimiento de la democracia, siempre y cuando se hagan de manera sana y acordes a los formatos que permitan una exposición de ideas por encima de un espectáculo en donde los candidatos apuesten por denostar en lugar de proponer.
Tras ser cuestionado sobre la comisión instalada en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) a fin de hacer cumplir la ley en virtud de realizar un debate entre los contendientes a la gubernatura el próximo año, el mandatario estatal señaló que ya está estipulado por la ley, sin embargo, adelantó que para el debate entre contrincantes a las diputaciones federales en el proceso que está en curso, no se obligará a los candidatos a debatir.
“La ley ya lo exige, qué bueno que se respete la ley, la instalación de la comisión y un reglamento para la conducción del debate mismo, ya que lo que hemos visto en últimas fechas, cuando hay debate en la exposición de ideas y réplica, muchas personas aprovechan el espacio no para exponer o contrastar respuestas, sino que buscan menoscabar, buscar defectos, debe haber mucho cuidado en la realización de un debate”, dijo.
De igual forma, el mandatario estatal, lamentó que para algunos candidatos, sobre todo de la oposición, busquen una guerra de denostaciones, por encima de lo que se debería proponer en un debate sano y que contribuya a la democracia.
Lo anterior, luego de que el pasado jueves 30 de abril, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) Juan Manuel Menes Llaguno, rindiera su primer informe de actividades al frente de dicho cargo.
Por lo anterior, el gobernador de la entidad, reconoció la labor de Menes Llaguno, y señaló que aplicar la experiencia adquirida a favor de la sociedad, siempre generará resultados favorables y agregó que el hecho de que recientemente se hubiera nombrado a Hidalgo como uno de los estados más pacíficos, no se debe únicamente al gobierno estatal, sino al conjunto de esfuerzos que se hacen con las instituciones y organismos impartidores de justicia.