Decenas de organizaciones de la sociedad civil y activistas consideraron que las designaciones de Raúl Cervantes y Arely Gómez como titulares de la PGR y Secretaría de la Función Pública, respectivamente, “son señales preocupantes para la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción  y la construcción de una Fiscalía autónoma”.

Cuestionaron la falta de transparencia en torno a los nombramientos, y demandaron que sean transitorios, para garantizar la elección de perfiles idóneos para esos cargos. “Lo que acaba de suceder demuestra la discrecionalidad y una total ausencia de rendición de cuentas y criterios claros… El Senado no cumplió con su papel de contrapeso y ratificó los nombramientos sin dar espacio a la reflexión crítica y el debate abierto”.

Afirmaron que el nombramiento de Arely Gómez “viola el compromiso internacional hecho por en el marco del Tercer Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto”, respecto a conducir una consulta técnica con sociedad civil, academia y expertos para elegir al titular de la Función Pública, lo que no ocurrió.

“El nombramiento del procurador es la mayor muestra del divorcio entre la Presidencia, el Senado y los sectores de la sociedad que sí reconocen una grave crisis del sistema de justicia penal en México”. Abundaron que se trató de una designación “inesperada y discrecional de un perfil con cuestionamientos sobre su independencia política”