Los cuatro años de Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022) fueron “desoladores” para los indígenas de Brasil ante el significativo salto de los conflictos por el derecho a las tierras y de las invasiones a territorios indígenas, según un informe divulgado este miércoles.
“2022 fue el fin de un ciclo gubernamental caracterizado por las violaciones y por la intensificación de la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil”, según el informe del Consejo Misionero Indigenista (CIMI), organización vinculada al Episcopado de la Iglesia católica brasileña.
De acuerdo con el CIMI, como en los tres primeros años de la gestión del líder ultraderechista, los conflictos, las invasiones y los ataques a los territorios indígenas avanzaron en 2022 “lado a lado con el desmonte de las políticas públicas destinadas a los pueblos originarios”.
En el cuatrienio de Bolsonaro también fueron desmontados los órganos responsables por la fiscalización y la protección de los territorios indígenas, según el “Informe sobre la Violencia Contra los Pueblos Indígenas de Brasil en 2022” del CIMI, que recoge estas estadísticas desde hace al menos dos décadas.
Una de las primeras medidas del progresista Luiz Inácio Lula da Silva al asumir su tercer mandato como presidente, el pasado 1 de enero, fue crear un Ministerio para los Pueblos Indígenas y nombrar como su titular a Sônia Guajajara, una emblemática líder de los pueblos originarios.
En sus primeros días de Gobierno, Lula también renovó los organismos indigenistas desmontados; creó nuevas reservas y declaró una emergencia sanitaria en el territorio yanomami, la mayor reserva del país y en la que miles de mineros invasores devastaron extensos bosques, contaminaron los ríos con mercurio y arrinconaron a los pueblos originarios.
“Las invasiones de mineros al territorio yanomami bajo la mirada complaciente del Estado generaron enormes daños ambientales y una crisis sanitaria sin precedentes”, denunció el CIMI.
HOMICIDIOS BAJAN EN 2022 PERO MEDIA FUE RÉCORD CON BOLSONARO
Pese a que los homicidios se redujeron desde el récord de 216 en 2020 hasta 203 en 2021 y 180 en 2022, el total de indígenas asesinados en el Gobierno de Bolsonaro sumó 795, para un promedio de 198,7 por año, muy superior al promedio de cualquier administración anterior, según los datos del organismo.
Entre 2019 y 2022 se registró un promedio anual de 373,4 casos de violencia personal contra los indígenas, incluyendo asesinatos, amenazas, lesiones corporales, ataques racistas, violaciones e intentos de asesinato, frente a una media de 242,5 casos anuales en el cuatrienio inmediatamente anterior.
Pero fueron los ataques contra los territorios por parte de pistoleros, madereros, mineros, hacendados y hasta narcotraficantes los que más crecieron en la gestión del ultraderechista, en parte impulsados por la retórica anti-indigenista del entonces jefe de Estado, que defiende la explotación económica de la Amazonía incluso en las reservas.
Los conflictos por los derechos sobre las tierras indígenas subieron gradualmente desde 35 en 2019 hasta 96 en 2020, 118 en 2021 y 159 en 2022, mientras que las invasiones a las reservas saltaron desde 256 en 2019 hasta 263 en 2020, 305 en 2021 y 309 en 2022.
“2022 también puso fin a un ciclo de cuatro años en el cual ningún territorio indígena fue creado por el Gobierno. Con Bolsonaro, el Ejecutivo no solo ignoró la obligación constitucional de delimitar y proteger las tierras de los pueblos originarios sino que también flexibilizó este derecho mediante proyectos y medidas para liberar la explotación de las tierras indígenas”, dijo el CIMI.
El líder ultraderechista cumplió a rajatabla la promesa que hizo en la campaña electoral de 2018 de no crear ninguna nueva reserva.
El organismo del Episcopado dijo que la posición anti-indigenista no sólo fue explícita en los discursos del presidente, sino también en decisiones de la Abogacía General y de la Fundación Nacional de los Indígenas (FUNAI) en procesos judiciales y administrativos contrarios favorables a mineros y agricultores.
“En muchos estados los conflictos y la total falta de protección a los pueblos indígenas resultaron en asesinatos incluso con participación de las fuerzas de seguridad y de guardias privados de los hacendados”, concluye el informe.
