La Cámara de Diputados turnó al Senado las disposiciones legales por las que se forma un “sistema anticorrupción”. Con esto se da un paso en la legislación para erradicar la impunidad en esta materia. El Senado tiene previsto procesar el tema en abril, luego de lo cual las reformas constitucionales deberán aprobarse por la mayoría de las legislaturas de los estados. Después de ello deberá procederse a la creación y cambio de las leyes secundarias correspondientes. Esto quiere decir que, en el mejor de los casos, la entrada en vigor del sistema anticorrupción podría darse en el límite de vida de la actual legislatura o, si el tiempo no alcanza, esperar la nueva que se instalará a fines de agosto.
Las innovaciones institucionales que proponen los diputados al Senado son, en síntesis muy apretadas, las siguientes. Se crea el Sistema nacional Anticorrupción con un Comité integrado por los titulares de la ASF, la Fiscalía Anticorrupción, la SFP o su equivalente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Comité de Participación Ciudadana. Los estados deberán crear un organismo equivalente. Este comité tendría facultades amplias para supervisar el conjunto del sistema. Se faculta al Congreso para expedir la ley derivada de la reforma constitucional. Se fortalece a la ASF ampliando sus funciones, plazos y entes sobre los que tiene competencia, incluidos los estados. Se incluye a los particulares como sujetos de sanción. Se fortalecen las facultades de los órganos internos de control, del Tribunal de Justicia Administrativa, el régimen de responsabilidades, la tipificación de delitos, la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés. Al Senado se le faculta para ratificar al titular de la SFP y se amplía el plazo para la prescripción de delitos haciéndolo transexenal (7 años).
La pregunta que hay que hacernos es si este “sistema” ataca las raíces y causas de la corrupción. Entre los expertos hay acuerdo en que la corrupción es “sistémica”. Y hoy en día se ha formado ya un consenso muy extendido en ese sentido: que la corrupción anida en las reglas y procedimientos de las instituciones de gobierno y no únicamente en las prácticas de los “malos” funcionarios. Lo primero que se observa es que el “sistema” que se crea es intrincado, barroco, e involucra a muchos actores. Ello no necesariamente es malo, pero habrá que ver si la maquinaria no es demasiado tosca para producir los finos efectos que se esperan de ella. Ciertamente, la ampliación de facultades y la coordinación de distintos entes públicos hacen suponer que existiría en este modelo un conjunto de pesos y contrapesos cuyo denominador común sería la vigilancia mutua. La reacción inicial (casi refleja) de algunos gobernadores ante el Presidente de la República sólo puede interpretarse como un susto por la inminente entrada en sus dominios de la autoridad de este sistema nacional. Quizás esto indica que la reforma viene con dientes.
A propósito de lo anterior, la disposición de recursos federales por parte de los estados es asunto de la Unión, no un tema de jurisdicciones estatales. La idea, viciada por cierto, de que la “federación” es lo mismo que el gobierno federal es insostenible. La Federación es el convenio de la Unión, y los estados están sujetos a él. Los gobernadores, principalísimos factores contra los que se endereza el interés nacional de erradicar la corrupción deberán ser sujetos de escrutinio, fiscalización y, en su caso, sanción. Esperemos que el Senado tome en cuenta que el sistema anticorrupción propuesto aún deja de lado el papel que debe jugar el equilibrio de poderes en cada entidad y valorar si lo que se legisla es algo más que una nueva maquinaria propicia a la evasión de responsabilidades.
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