El haber utilizado un bien público para fines de orden estrictamente personal, es reprobable en todos los sentidos. La ley establece las responsabilidades administrativas o penales de las que pueden ser objeto los servidores públicos que violenten este principio y obligación. El hecho de renunciar a un cargo público, por haber cometido un error de 8 minutos, no exime a autoridad alguna para dejar de pronunciarse, obligadamente, sobre las consecuencias legales de un acto de esta naturaleza. La ley también sanciona las omisiones de los que deben hacer valer las reglas pactadas y legisladas.
Estamos hablando obviamente del caso del señor Korenfeld, pero también de otros ejemplos en donde las autoridades competentes han sido omisas para sancionar o al menos para observar e investigar, los abusos en que incurren diversos actores que ejercen recursos públicos, por el mal uso que le han dado a nuestros impuestos, lo cual incluye en adición al manejo del dinero, el uso de espacios públicos u otros recursos materiales con los que cuentan las diversas instituciones del Estado, para cumplir con sus funciones esenciales. En estas prácticas, curiosamente hay pluralidad y respeto por el federalismo y la división de poderes, dado que se llevan a cabo en todos los órdenes e instancias de gobierno.
La variedad de supuestos es amplia y se ha dado en diversos momentos. Bajo el rubro de los helicópteros, podemos recordar otras anécdotas que quedaron en la más amplia impunidad, como fue el caso del llamado helicóptero del amor del ex gobernador panista de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, quien solía usar una aeronave del estado destinada para temas de seguridad y emergencias, como aerotaxi privado, para trasladar a amigas personales a diversos destinos. Vox populi dixit. Recientemente, fueron captadas diversas imágenes de los helicópteros en los que se trasladaron a un evento de campaña en Michoacán destacados representantes del PRD, como fue el caso de los gobernadores de Morelos, Guerrero y de su presidente del comité nacional.
Podríamos seguir con una interminable lista de casos no ejercidos, aun y cuando fueron ampliamente difundidos por diversos medios o por los propios beneficiarios de los abusos vía redes sociales. Hay senadores que han utilizado los patios del Senado para convivencias privadas, con todo y mariachis, fundaciones bajo el amparo del poder, que hacían del Castillo de Chapultepec un espacio amplificado de sus casas, o personajes del medio artístico que expresan un gusto vulgar y extremadamente frívolo, para hacer fiestas de hallowen en la Rotonda de los Hombres Ilustres. Hay de todo, para todos los gustos, pero con un patrón común: abuso de poder e impunidad.
Abuso de poder porque disponen discrecionalmente de bienes públicos como si fueran privados, porque entienden el ejercicio de la función pública más como una prerrogativa no escrita, que como una responsabilidad republicana, para fortalecer al interés público. Impunidad, porque no hay consecuencias ejemplares, lo cual ha generado gran escepticismo y desconfianza del ciudadano frente al gobernante, sea del partido que sea.
En el fondo, estas malas prácticas han creado más que una clase gobernante, una clase de tipo estamental, de casta y simulación, de privilegios indebidos, ilegítimos e ilegales. Esto es muy grave porque desde el poder se ha debilitado la credibilidad y la legitimidad de nuestra democracia y del Estado constitucional, el que está edificado sobre los principios en donde el poder público tiene límites, hay ética pública, transparencia y responsabilidad. Todo lo contrario a los hábitos a los que nos tienen acostumbrados.