Sin duda, es urgente la creación de la Fiscalía Anticorrupción; pero lo es más indispensable y urgente la transformación de la PGR en Fiscalía

Este jueves la sorpresa ha sido mayor entre los lectores de los medios de prensa nacional, después que en medio de los escándalos de corrupción e impunidad, descubrieron en las portadas de algunos medios que el Senado negocia un periodo extraordinario de sesiones para definir el nombramiento del Fiscal Anticorrupción.

Absurdo y contradictorio ¿Qué es primero el huevo o la gallina? Parece ser ése el razonamiento de la clase política que gobierna el país y el propio Poder Ejecutivo, pues la Procuraduría General de la República (PGR) acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo para la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, el cual modifica el diverso A/011/014, del 12 de marzo de 2014, mediante el cual se crea la Fiscalía Anticorrupción y establece las atribuciones que tendrán.

La pregunta que se plantea es ¿No debería de haberse comenzado por definir lo que será la Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR, antes de la Fiscalía Anticorrupción que quedará subordinada a la primera? Evidentemente, tampoco se trata de buscar ahora quien dirigirá una u otra antes de que los legisladores definan su estructura y funcionamiento; eso debe corresponder a un segundo momento, a fin de que se defina correctamente el perfil de los fiscales y se organice el concurso público de oposición para seleccionar al mejor candidato para cada caso.

Todo parece indicar que los casos de corrupción que golpean a las instituciones del Estado y han trascendido más allá de las fronteras nacionales, están provocando que los legisladores reacciones de manera reactiva y no busquen el perfeccionamiento de las instituciones públicas, sino una respuesta mediática que neutralice el desprestigio internacional de nuestro país.

La lista interminable de funcionarios públicos de todos niveles y de ex gobernadores de Quintana Roo; Tabasco; Tamaulipas; Coahuila; Veracruz; Estado de México; Aguascalientes; Sonora; Nuevo León; Chihuahua; Guerrero; Oaxaca; Michoacán; Zacatecas; Chiapas; Jalisco; Distrito Federal, entre otros, parecen pesar a los legisladores y a sus partidos, quienes trata de allanar el camino rumbo a las elecciones de 2018 y limpiar la imagen de sus partidos frente a la opinión pública nacional.

En medio de estos inusitados anuncios, recordé que la Dra. Diana Cristal González Obregón, abogada penalista y analista en el CNPP, fue quien trabajó por más de cuatro años en el tema de transformación de PGR a Fiscalía General, para adecuar su funcionamiento al del nuevo sistema penal acusatorio, trayendo a mi mente los extractos de una conversación donde ella defendía la importancia de que la Fiscalía General de la República debía de ser autónoma, técnica y presupuestalmente; pero no debía crearse antes la Fiscalía anticorrupción de crearse la Fiscalía General, por un orden de contenido y formas.

Pues se supone que la autonomía de la Fiscalía General debía dar paso a agilizar la coordinación de las autoridades para dar transparencia, rapidez y certeza en las investigaciones que se persiguen de cualquier tipo, incluso de corrupción. De aquí que los cambios en las instituciones encargadas de la impartición de justicia, debieran tener un orden y propiciar que la transformación de la Procuraduría a Fiscalía General fuera completamente integral y no sólo de forma, arrastrando tras de si todo los viejos vicios que amenazan hoy la soberanía del Estado frente a la corrupción y la criminalidad.

La Dra. Cristal González Obregón defendía la idea de que para garantizar una verdadera autonomía de la Fiscalía General de la República, se requerían, primeramente, analizar y crear una estructura adecuada de la Fiscalía General y luego, sólo después, analizar y definir la estructura de una Fiscalía Anticorrupción, dependiente de la Fiscalía General; para ello era importante priorizar la creación de ésta y sólo después pasar a la creación de la fiscalía anticorrupción, a fin de delimitar adecuadamente sus niveles de coordinación.
Pero no sólo se trata de establecer las prioridades en la creación de las dos fiscalías, sino de definir una hoja de ruta adecuada para ello, antes que pasar a la definición del perfil del o de la Fiscal  General de la República; de definir las bases que forzosamente deben dar paso al concurso de oposición abierto de oposición para seleccionar entre los mejores hombres y mujeres de México, a quien debe inaugurar una nueva etapa de la justicia en el país.

Sin duda, es urgente la creación de la Fiscalía Anticorrupción; pero lo es más indispensable y urgente la transformación de la PGR en Fiscalía, para que este paso posibilite el adecuado funcionamiento y retroalimentación del Sistema Nacional de Transparencia y Fiscalización.

Los senadores, los diputados, los partidos políticos y el gobierno actual, tiene en sus manos poner en marcha los cambios profundos en el sistema de impartición de justicia en el país; postergar más el inicio de este proceso, solo puede contribuir a profundizar el desprestigio internacional de México en el mundo y a distancia aún más a los ciudadanos del gobierno y de los partidos políticos, al no ver en ellos reflejadas sus aspiraciones.