MÉXICO, D.F.‑ La corrupción y la impunidad inhiben el crecimiento económico, al generar costos para la actividad productiva, lo que afecta negativamente el flujo de la inversión, por lo que el costo de no terminar con esos dos problemas será la imposibilidad de no crecer a niveles del 5%, afirmó el Centro de Estudios Empresariales del Sector Privado (CEESP).

Además de que para lograr que las reformas estructurales tengan un impacto positivo y liberen el potencial de crecimiento del país es fundamental que haya un entorno de transparencia y un país libre de corrupción e impunidad.

De no lograrse que los cambios se den en un entorno donde no haya esas malas prácticas se traducirá en que no creceremos al 5% esperado con esas modificaciones estructurales.

Sin embargo a la fecha hacen falta instituciones fuertes e independientes de los poderes de la Unión que luchen contra la corrupción porque “hoy ninguna de las instituciones que podrían participar en este esfuerzo tienen la independencia ni la jurisdicción necesaria para ello. Ni la Auditoría Superior de la Federación, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Secretaría de la Función Pública”, aseguró dicho Centro.

“El costo monetario de la corrupción e impunidad es considerablemente elevado, pero posiblemente es más gravoso no instrumentar cambios inmediatos para su erradicación”, explicó dicho organismo en su Análisis Económico Ejecutivo semanal.

Al existir esos dos factores se provocó que a pesar de que en las últimas tres décadas se implementaron diversas políticas que dieron a México estabilidad macroeconómica no se puede elevar el crecimiento anual, de manera que el promedio anual en ese período no rebasa el 2.4%.

En lugar de que los ajustes a las políticas públicas generen mayor bienestar a la población se observa que la situación de los hogares se deteriore, ante la precarización del empleo, la elevada informalidad, empleos con salarios bajos y pérdida de la capacidad adquisitiva que provocan una debilidad del mercado interno.

“La corrupción apoyada por una clara impunidad en el sistema de justicia, representa enormes costos para la actividad productiva, lo cual es un factor que afecta negativamente el flujo y la eficiencia de la inversión tanto pública como privada” lo que explica la debilidad del mercado interno, porque hay imposibilidad de generar más y mejores empleos, explicó el CEESP que dirige Luis Foncerrada Pascal.

Pese a ello esos dos problemas escalan a niveles preocupantes y dejan al descubierto la fragilidad de las instituciones encargadas de fortalecer el Estado de derecho y el cumplimiento de las leyes.

En medio de esta situación hay un “desánimo” en las empresas y los hogares por el impacto de esas malas prácticas, lo que puede ser un factor adicional que inhibirá el crecimiento.

De ahí que es claro que hacen falta instituciones fortalecidas, transparentes e independientes que hagan cumplir las leyes y el Estado de derecho.

Se requiere también un órgano anticorrupción independiente de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con jurisdicción nacional, para tener capacidad de fiscalización en estados y municipios. (Agencias)