La corrupción es un fenómeno en donde los sujetos aportan una dosis de transgresión a la ley en dos vías: La del corrupto y la del corruptor. La lucha contra este flagelo no sólo debe comprender medidas de coerción y punitivas, también, debe estar orientada hacia la implementación de un cambio cultural tanto en los funcionarios como en los particulares que contratan obras públicas, bienes y servicios, así como, en sus usuarios.

Esto va desde lo más simple como la recolección de la basura, el uso de la vía pública o el pago de contribuciones, hasta lo más complejo como la explotación del espectro radioeléctrico o de las redes de telecomunicaciones, la exploración, extracción, transformación y distribución de los hidrocarburos, que pasan por esquemas de contratación, autorización o concesión por parte del Estado para su realización.

En el país, las cifras muestran cómo afecta a la sociedad y el serio deterioro que representa para la actividad económica.

De acuerdo al Índice de Percepción sobre Corrupción 2014, de Transparencia Internacional, México se encuentra en el lugar 105 de 176 naciones. En 2010, según el Foro Económico Mundial, este fenómeno social a nivel nacional equivale a 9% del Producto Interno Bruto (PIB), y las empresas erogan hasta 10% de sus ingresos en sobornos. En 2012, según el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, su costo en nuestra nación es de 1.5 billones de pesos al año, lo que en ese entonces equivalía al 10% del PIB. En enero de 2015, según el Consejo Coordinador Empresarial, los empresarios destinan 10% de sus ingresos a la corrupción para poder operar sus compañías.

Ante esta situación, los diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión han presentado diversas iniciativas y propuestas sobre el tema. En el actual periodo ordinario de sesiones nos hemos fijado, como una de las principales metas, lograr los consensos para aprobar las iniciativas que sirvan para fortalecer y consolidar el sistema de rendición de cuentas y de lucha contra la corrupción.

Debe resaltarse que este esfuerzo es la respuesta a una demanda ciudadana cada vez más reiterada y exigente. Este reclamo social requiere una respuesta efectiva por parte de los representantes políticos. Persistir en no atender esta exigencia nos puede llevar a un escenario de inestabilidad e ingobernabilidad, vía la perdida de legitimidad de las instituciones del Estado.

Habrá que construir las herramientas legales extraordinarias que se requieren para que la sociedad mexicana tenga la certeza de que los gobernantes rendirán cuentas en todos los ámbitos de la administración de lo público. Por otro lado, también esta tarea deberá tener reciprocidad con la esfera gubernamental en sus diferentes órdenes. Ningún esfuerzo político o legislativo será suficiente sin la participación de las partes implicadas en este fenómeno social.

Vamos a construir un marco legal para frenar este lastre de la sociedad, esa es nuestra responsabilidad, pero aunado a ello, deberá existir el compromiso de elaborar una nueva forma de relación entre los intereses públicos y privados. La acción política y social en su actuación conjunta nos permitirá quitar las máscaras a la corrupción.