Inexorablemente, la reingeniería también debe pasar por la revisión de los perfiles de cada puesto y valorar, si quienes hoy trabajan dentro del gobierno, reúnen los requisitos para desempeñar el puesto; sí quienes hoy ocupan puestos de dirección trabajan realmente o sólo se presentan a cobrar
En las elecciones pasadas para elegir al gobernador del Estado de Hidalgo, ganó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato, Omar Fayad Meneses. Esta fue la elección de la mayoría de los ciudadanos y los partidos políticos, los cuales compiten por hacerse con el poder por la vía electoral, tienen el derecho de poner en marcha sus programas. Más que votar por un candidato, los ciudadanos lo deberían de hacer por las propuestas que encarna el proyecto de gobierno del candidato, lo cual no siempre sucede.
En este sentido, después de la llegada del gobernador Omar Fayad al poder, con su equipo de trabajo, a la par de la puesta en marcha de su proyecto de reingeniería de la administración pública, se han multiplicado las denuncias de despidos injustificados.
No obstante, el ejercer el poder ganado por el nuevo gobernador y poner en marcha su proyecto de rediseño de la administración pública estatal, forzosamente, implica tomar posesión de la administración y la salida de quienes no le son útiles; pues nadie puede obligarlo a compartir el poder con quienes han venido administrando hasta ahora el gobierno, al menos que existiera un servicio civil de carrera, con puestos inamovibles.
En realidad, no sólo se trata de la desaparición de la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano, ni de la transformación de la Secretaría del Despacho del Gobernador y la creación de una nueva Secretaría que sustituya la de Movilidad y Transporte; rediseñar la estructura del gobierno del Estado no sólo debe implicar la revisión completa de la administración pública estatal.
Inexorablemente, la reingeniería también debe pasar por la revisión de los perfiles de cada puesto y valorar, si quienes hoy trabajan dentro del gobierno, reúnen los requisitos para desempeñar el puesto; sí quienes hoy ocupan puestos de dirección trabajan realmente o sólo se presentan a cobrar o, en el mejor de los casos, se presentan dos días a la semana a firmar documentos a sus oficinas y el resto de la semana disfrutan de las comodidades de sus ingresos públicos en sus residencias en la ciudad de México; pues al final este Estado que sigue siendo uno de los menos desarrollados del país (7mo), tiene la virtud de hacer cada sexenio nuevos ricos.
Declaraciones van y declaraciones vienen en los medios sobre reacomodos y despidos en la administración del gobernador Omar Fayad, ahí están las declaraciones en los medios del Secretario de Finanzas y Administración, Aunard de la Rocha Waite, y las de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, María de los Ángeles Eguiluz, por mencionar algunas; todas niegan los despidos injustificados. No obstante, debemos reconocer que tienen razón, pues finalmente se trata de un nuevo gobierno y, a excepción de los trabajadores de bases sindicalizados, ningún empleado público es inamovible, salvo aquellos que inexplicablemente están “pegados” a puestos sexenio tras sexenio; pues a pesar de que sea un nuevo gobierno del PRI, se trata de un nuevo equipo quien ganó el poder y debe ejercerlo.
Lo lamentable es, que en el marco de la llegada de un nuevo gobernador al poder, del inicio de un nuevo gobierno, de la reingeniería de la administración pública del Estado, muchos funcionarios públicos que han venido parasitando del gobierno, del Estado, sexenio tras sexenio, continúen en sus puestos de dirección sin que cambien sus prácticas y el uso de sus mecanismos administrativos para financiar sus gastos personales, viajes y demás lujos obtenidos a cuenta del presupuesto público; lo cual sigue dejando el olor a corrupción dentro de un gobierno que debería perseguirla de oficio.
Esto nos hace pensar que, en realidad, no son los mejores hombres y mujeres del Estado de Hidalgo los que están siendo incorporados a la administración del Estado. Como en cada sexenio, siguen siendo los amigos de los amigos, las amigas de las esposas de los Directores Generales, como quizá sucede en la Contraloría, en Finanzas, en Educación, o las primas de la diputada o senadora, sin importar si tiene experiencia o si su formación profesional es suficiente para cubrir el perfil del puesto y desempeñar el cargo, el apellido es suficiente.
Sustituir al responsable jurídico de alguna universidad politécnica o tecnológica, de la Secretaría de Educación o de cualquier otra Secretaría, suponiendo indicios de corrupción, para abrir el paso a alguien con peores prácticas, no hace más eficiente la administración pública del Estado ni contribuye a racionalizar el gasto público, sino que pone de manifiesto el reacomodo de muchos funcionarios públicos, ahora cercanos a quienes gobiernan el Estado ¿Cuántos de los lectores no han escuchado a algunos funcionarios jactarse de la amistad con el gobernador o con algún secretario?.
Por otro lado, la práctica de mantener trabajando a distintos funcionarios públicos de diferentes niveles, en las secretarías, sin pagarles sus salarios ni sus prestaciones obtenidas en el 2016, para luego asignarlos a otro puesto y otra secretaría sin cubrir sus salarios y prestaciones, o pagando un parte de ellos solamente, bajo la amenaza de “quieres seguir en el gobierno o tu dinero” o “hay que contribuir a pagar las deudas del gobierno”, no hacen sino hacer crecer el rumor de corrupción dentro de el nuevo gobierno, quien se ha dicho pondrá fin a esta enfermedad que se carcome al país.
El rediseño de la admiración pública sin poner fin a las prácticas de quienes simulan trabajar acudiendo dos días a sus trabajos, de quienes abusando del poder venden plazas a costa de la mitad de los salarios, de la corrupción a través de los subterfugios contables y amenazas, no puede hacerla más eficiente ni hablar bien de un gobierno del que los hidalguenses esperan mucho más.