FORO ABIERTO
Después de la alternancia en el gobierno del estado de Hidalgo en 2022, tras una larga hegemonía política, uno de los temas pendientes que se han ido desahogando paulatinamente, y de gran interés para la ciudadanía, es sin duda el de la transparencia y rendición de cuentas de la administración que concluyó Omar Fayad Meneses (2016-2022).
Hasta ahora hay muchos procesos administrativos y penales que siguen ex funcionarios de la administración de Omar Fayad, algunos de los cuales han salido a la luz pública y conocidos a través de los medios de comunicación. De inmediato se dio a conocer la trama de daño patrimonial al Estado, peculado, tráfico de influencias y otras, que conforman la red de delincuencia conocida como “Estafa siniestra”, que involucra altos funcionarios, presidentes municipales y empresarios.
La “estafa siniestra” se dio principalmente en el periodo del Covid-19, en donde se involucra a personal de cuatro secretarías del Estado (Finanzas. Contraloría, Oficialía Mayor y la SEPH) y hasta la fecha se involucra a 14 alcaldes, de diferentes nomenclaturas partidistas, y la suma puede crecer. Se estima un daño al erario público estatal por más de 520 millones de pesos.
El más reciente es el presidente municipal de Tula de Allende. El “modus operandi” fue que los alcaldes solicitaron recursos presupuestales extraordinarios con el objtivo de hacer obra pública, principalmente construcción y remodelación de caminos, así como para la compra de suministros de salud a fin de atender la emergencia sanitaria del Covid-19. Estos fueron aprobados, previa autorización y complicidad con funcionarios de Finanzas, quienes enviaron el presupuesto a los gobiernos municipales para adjudicación directa a empresas, y posteriormente llevar a cabo una simulación de pagos y entrega de obras y productos que nunca llegaron, pero que los recursos fueron a parar a la cartera de los alcaldes.
Después se ha dado a conocer que no fue la única acción de opacidad y corrupción del gobierno anterior; al contrario, más bien fue la tónica, el emblema que caracterizó una administración sin principios, sin ley y sin contrapesos, donde los organismos encargados de monitorear y supervisar la aplicación de recursos no pudieron intervenir por el control político existente. Uno de los factores para la falta de transparencia, claro no la única, fue la ausencia de normas para la inhibición de la corrupción entre las personas al servicio público estatal. Lo que existía era la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de carácter federal de 2016, proveniente del marco nacional para construir el Sistema nacional Anticorrupción.
De tal suerte que, para iniciar procesos de denuncia contra actos de servidores públicos, era una total proeza y que para muchos empleados de mandos bajos era impensable denunciar a funcionarios. Fue hasta el 9 agosto 2022 cuando los poderes locales, el legislativo con la anuencia del ejecutivo, promulgaron la Ley de Responsabilidades Administrativas del Edo de Hidalgo. Se tardó prácticamente todo el sexenio para generar una norma indispensable a fin de normar la actuación y conducta de las personas servidoras del gobierno local, pero sobre todo para establecer mecanismos de monitoreo y sanción a quienes actuasen de manera indebida, opaca y corrupta. El gobierno de Fayad Meneses renunció a alinearse con las políticas anticorrupción.
Esta nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Hidalgo tenía un gran candado, que impidió aplicarse en el momento que se expidió la norma. En letras chiquitas, como lo hace cualquier mercachifle para engañar a usuarios, puso en su artículo segundo transitorio, que esta norma tendría vigencia hasta un año después, es decir agosto de 2023. Por lo que hizo inservible todo principio y procedimiento penal y administrativo contra la corrupción.
Es decir, con esta maniobra, el gobierno de Fayad dio la vuelta a principios constitucionales para inhibir la corrupción y combatir el daño a la economía y patrimonio público. Empero esta historia continuará, en la medida que existe la voluntad para garantizar a la ciudadanía el correcto uso de los recursos públicos de los hidalguenses.
