Con 16 votos a favor y nueve abstenciones por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social Hidalgo (PESH), se aprobó la reforma a la Ley de Derechos y Cultura Indígena estatal, la cual establece la consulta indígena obligatoria con carácter vinculante previo a proyectos legislativos, administrativos, de autoridades y de inversión privada.
En esta modificación, se instruye al gobierno estatal y a los municipales con población indígena a realizar consultas a los pueblos originarios de forma directa, informada, libre y sin coerción sobre los temas que sean susceptibles de afectarlos previo a su realización, y que, en consecuencia, tendrán 180 días hábiles después de publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH) para dar a conocer el protocolo de consulta.
Durante la discusión, el diputado por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Antonio Hernández Vera, expresó que este tipo de iniciativas representan una modalidad novedosa en la participación pública, pero sobre todo, que marcan un paradigma al reconocer los derechos a los grupos originarios, mismos que definió como un “grupo históricamente marginado”.
Por otro lado, Lucero Ambrocio Cruz, también de la bancada morenista, declaró que la ley modificada cumplirá en el año en curso nueve años de haberse promulgado, y que antes de la consulta realizada previo a la Reforma Electoral para los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, nunca se había hecho uso de esta herramienta de participación.
Rememoró que los indígenas han sido partícipes de los diferentes momentos de la historia de México, y que, en cambio, también han sido relegados por ser considerados como una minoría, por lo que afirmó que esta reforma representa una reivindicación del derecho a ser consultados y escuchados.
No obstante, la diputada local priista, Adela Pérez Espinoza, refutó dicha reforma, argumentando que, antes de realizar cualquier modificación a las leyes, primero se debe consultar si los pueblos indígenas están de acuerdo con las propuestas e iniciativas enfocadas a ellos.
Ante medios, el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Baptista González, afirmó que con esta modificación se ratifica el compromiso por parte de Morena con los pueblos indígenas en el resarcimiento de los derechos de este sector, y que estos cambios no afectarán a proyectos en curso, como el gasoducto a cargo de la empresa TransCanada.
Por otro lado, lamentó las abstenciones por parte de la oposición, por lo que declaró que “esto demuestra que no están con las comunidades indígenas, que tienen un doble discurso, y que hay mezquindad, el mensaje es malo con la abstención, o se está o no se está con ellos”, concluyó.