Asegura el diputado local Ricardo Baptista, “fue un gobierno opaco, de mucha corrupción y despilfarros”
Ya se interpuso la denuncia correspondiente por la cantidad de poco más de 7 millones de pesos
Baptista González dijo que el oficio de petición del Grupo Unidos por Tula, está siendo atendido y que si hay avance, prueba de ello es que la Auditoria Superior del Congreso del Estado ya interpuso la denuncia correspondiente por la cantidad de poco más de 7 millones de pesos que no logró comprobar la administración del ex alcalde Jaime Allende González del ejercicio fiscal del 2018.
Comentó que ya existe una carpeta de investigación, que está en curso, “en este momento el balón está en la cancha de la Procuraduría”, lo que corresponde al Congreso del estado es estar al pendiente de que la investigación se desarrolle conforme a derecho.
Recalcó que si bien el poder judicial es un poder autónomo existe obligación de la Auditoria Superior, que depende del Congreso, dar seguimiento a las tres denuncias interpuestas en contra de igual número de ex alcaldes que no comprobaron la aplicación de los recursos públicos ejercidos durante su administración, entre ellos Tula.
Preciso que se deben atender la demandas ciudadanas que en este caso ha dado seguimiento el Grupo Unidos de Tula a quienes les expresó que pueden tener certeza de que como ciudadano, diputado del distrito de Tula y como presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado dará seguimiento a las investigaciones.
Baptista González comentó que Allende González es observado en el marco de la ley y que así se está exigiendo, “Porque lo que si nos consta como ciudadanos es que fue un gobierno opaco, de mucha corrupción y de muchos despilfarros. Como diputado pediré a la Procuraduría que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias”.
Dijo que pedirá a la Procuraduría que informe cómo va la denuncia que la sindico jurídica de la Asamblea Municipal de Tula, Norma Román Neri interpuso en contra de del ex alcalde, por poco más de 20 millones de pesos que se detectaron durante el proceso de entrega recepción.
Sentenció que si bien está en manos de la autoridad competente no lo van a soltar, aclaró que no es un plan persecutorio, pero que tiene la obligación como ciudadano y como diputado de que se llegue hasta las últimas consecuencias, “Porque no vamos a permitir que las investigaciones las duerman”.