Cuando el presidente Peña Nieto autorizó la extradición, estaba protegido por cuatro amparos que impedían ese trámite.

El “juicio del siglo” llegó ayer a su fin, con la sentencia a cadena perpetua, o sea más de 30 años de cárcel, contra el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, líder del Cártel de Sinaloa y el narcotraficante mexicano más perseguido por EU.

Después de 11 semanas de un juicio intenso, convertido en un verdadero show, por el que desfilaron ex aliados de “El Chapo” transformados en testigos que terminaron por hundirlo, el pasado 12 de febrero se le declaró culpable de 10 delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Con la sentencia emitida por el juez Brian Cogan, de la corte federal de Brooklyn se le acabaron las opciones al capo de 62 años y quien máxima seguridad en ADX en Florence, Colorado, conocida como “El Alcatraz de las montañas rocosas” y de la que nadie ha podido escapar hasta ahora

En el juicio se mencionaron nombres de ex presidentes, agentes policiales y funcionarios mexicanos de diversos niveles sobornados por el líder del Cártel de Sinaloa para permitirle mantener un negocio con el que, de acuerdo con el gobierno de EU, obtuvo ingresos por más de 12 mil 600 millones de dólares, que exigió le fueran incautados. Esto es resultado del cálculo de que “El Chapo” traficó un total de 528 mil 276 kilogramos de cocaína, 202 kilos de heroína y 423 mil kilos de marihuana.

Horas antes de su condena, el abogado de “El Chapo” acusó que fue ilegal su extradición. Envió una carta a Trump en la que insiste que su cliente fue entregado “ilegalmente” a EU y que se han violado sus derechos humanos, al mantenerle preso. En la carta, enviada por González Meza, el también presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en Lázaro Cárdenas del Río, explica que cuando el presidente Peña Nieto autorizó la extradición, Guzmán Loera estaba protegido por cuatro amparos emitidos por la Corte Suprema de México que impedían ese trámite.