Finalmente, el Congreso del Estado de Hidalgo aprobó la eliminación del fuero de los diputados y funcionarios públicos locales que cuenten con él. Para su entrada en vigor, solo falta que la mayoría de los ayuntamientos municipales de la entidad lo revaliden, procedimiento de puro trámite que sin duda no llevará mucho tiempo.
Esta iniciativa no es sin embargo de autoría local. Tanto el ejecutivo como el legislativo hidalguenses, sólo han acatado acuerdos nacionales para terminar con el fuero como parte de un proceso que culminará con la desaparición de esa figura jurídico-política de la vida legislativa del país.
Astutamente, quienes lo promueven, han logrado convencer a la opinión pública de que el fuero es la causa principal de la corrupción política, legal y judicial que autoridades, funcionarios, y representantes populares delincan y burlen la acción de la justicia con toda impunidad y que con la eliminación del fuero la corrupción quedará controlada.
Desde nuestro punto de vista este es un razonamiento falaz, que sin embargo ha provocado una reacción favorable de la opinión pública gracias a una estrategia cuidadosamente trabajada por el conservadurismo mexicano que arrastró a las demás fuerzas políticas –aún a las de izquierda-, a dejar sin el más valioso de los recursos parlamentarios a los representantes populares, tomando como pretexto la inconformidad e indignación que campean en la sociedad mexicana frente a la corrupción extendida en todos los niveles de gobierno.
Por tal motivo, puede decirse que la eliminación del fuero es el más reciente de los golpes legislativos contra la soberanía nacional y los intereses populares, similar en su importancia a las reformas laboral, energética y educativa ya en funciones, por las consecuencias que se perfilan con su aprobación, que lejos de eliminar la corrupción y la impunidad públicas como lo han afirmado sus promotores terminarán por incrementarlas.
Y será así porque con fuero o sin él, la estructura de poder tanto en el país como en los estados seguirá sosteniéndose en la impunidad de políticos y empresarios influyentes; trasnacionales depredadoras; narcotraficantes protegidos, caciques o líderes sindicales que conforman el gobierno de facto de la nación a quienes las leyes terminan favoreciendo en sus propósitos sin necesidad de contar con fuero alguno que los proteja. Por otro lado, poner a la disposición de fiscalías o jueces a cualquier legislador que real o supuestamente haya delinquido no resulta una garantía de justicia, no por lo menos en las circunstancias actuales, donde las instancias ministeriales y judiciales se encuentran sumergidas en su propia dinámica de corrupción e ineficiencia.
Al permitir que un legislador sea despojado fácilmente de su fuero, la vida parlamentaria terminará por “judicializarse”; es decir, que lo que haga o diga cualquiera de ellos, pero especialmente aquellos que tomen en serio su papel de defensores de los derechos de sus representados, podrá ser combatido con demandas judiciales orquestadas desde los centros del poder fáctico para obligar al legislador “rebelde” a callar o padecer una persecución política permanente que pudiera terminar con sus oportunidades políticas futuras, inhibiéndole así de presentar las denuncias o propuestas legislativas que toquen los intereses de esa mafia del poder que dirige la vida pública.
Y porque esa mafia del poder existe y es impune, porque así ha actuado no solo contra legisladores con fuero sino contra periodistas independientes o luchadores sociales sobre quienes se ceban frecuentes acusaciones falaces, sentencias injustas e incluso la amenaza o la muerte, es que resulta sorprendente que el partido MORENA, haya dado su voto aprobatorio a la ley anti-fuero en Hidalgo olvidando que su propio fundador, Andrés Manuel López Obrador, fue víctima de un desafuero como jefe de gobierno de la Ciudad de México maquinado por un grupo mafioso encabezado por Vicente Fox, entonces presidente de la república, al que un obsequioso Congreso de la Unión otorgó su petición, todo para quedar doblemente humillado cuando Fox decidió desistirse de sus acusaciones por temor a las consecuencias electorales que podría arrastrarle el juzgar y encarcelar al jefe de gobierno del DF.
Creemos que los ciudadanos hidalguenses o al menos quienes consideran a MORENA como una esperanza real de cambio, se merecen una explicación pública al respecto por parte del diputado de ese partido en la legislatura local y de su dirigencia estatal.
Sin fuero no hay diputado; porque la esencia misma de la función legislativa consiste en contar con un poder irrenunciable e irrebatible para garantizar la vida democrática, lo que no se logra poniendo a disposición de otros poderes, la posibilidad legal de acallar las voces independientes en el recinto legislativo. Quien quiera diputados irreprochables que comience por elegir dentro de los partidos a candidat@s probadamente honestos y no permitir que gente sin escrúpulos pueda encaramarse en las representaciones populares por acuerdos cupulares. Pero intentar frenar la corrupción despojando a los legisladores del fuero es como dar palos de ciego en las sombras, sin acertar a solucionar los problemas y, por el contrario, ahondando cada vez más en el desastre nacional.
Por otra parte, asombra constatar que los “diputados” hayan sido capaces de dejarse despojar de manera tan fácil de su principal defensa política; y no defender el fuero a toda costa. ¿Pero que puede esperarse de quienes han venido aprobando servilmente la entrega de la soberanía y los recursos nacionales y la rectoría del estado con las reformas de Peña Nieto (el verdadero promotor del desafuero)? ¿Acaso que defendieran la soberanía del poder popular que representan cuando ya desde hace mucho tiempo no son sino simples autómatas, sin voluntad ni dignidad política propias?
Fueron los líderes populares en Roma, gritando fuera del Senado durante años hasta que al fin pudieron entrar al recinto sagrado hasta entonces reservado a la clase privilegiada, quienes dieron origen a los llamados “tribunos de la plebe”, los cuales no podían ser tocados ni acallados por manifestar sus ideas o denunciar a quienes agobiaban al pueblo, dando origen al fuero legislativo. Luego, al paso de los siglos (igual que ahora) el puesto de “tribuno” paso a ser un cargo político posible de adquirir con poder o dinero y un escalón básico para quien quisiera destacar en el mundo político. Con la dictadura y el imperio de Cesar todo el aparato legislativo quedó a las órdenes del supremo gobernante. La distorsión del fuero no fue causado por su origen, sino por la corrupción de la política romana que terminó por otorgarlos al mejor postor, como hoy se hace en México.
Ahí tenemos como ejemplo otra gran iniciativa anunciada como progresista y democrática: la reforma electoral pasada, supuestamente dirigida a poner orden en las elecciones estatales y que en los hechos sólo contribuyó a centralizar más aun los procesos electorales dejando indemne el poder económico y político de los gobernadores y sus aparatos electorales, como se demostró en las pasadas elecciones de los Estado de México y Coahuila, sin que el INE actuara como un verdadero árbitro electoral. De ese modo, una reforma tal vez elaborada con buenas intenciones, al final de cuentas, sólo vino a reforzar la impunidad, el fraude y el control político, agudizando los enfrentamientos del pasado, sin que asome por ningún lado la limpieza electoral esperada.