Es lamentable que el gobierno de México, que estuvo entre la lista de países que fueron espiados en su momento, según Snowden, al igual que los gobiernos de Alemania, Francia o Brasil, en lugar de hacer frente a este problema haya invertido para hacerse con las herramientas para espiar a la clase política del país, a periodistas y defensores de derechos humanos
En un artículo anterior comenté como en 2013 Edward Snowden había tenido la valentía y el valor moral para oponerse a lo que consideró no era ético en un mundo globalizado, en el cual las comunicaciones han acercado pueblos, comunidades y ciudadanos, rompiendo las barreras culturales y lingüísticas, provocando una segunda revolución industrial. Es decir, Snowden se opuso al espionaje de su país a través de las comunicaciones orales y escritas entre personas a nivel planetario.
Ahora es lamentable que el gobierno de México, que estuvo entre la lista de países que fueron espiados en su momento, según Snowden, al igual que los gobiernos de Alemania, Francia o Brasil, en lugar de hacer frente a este problema haya invertido para hacerse con las herramientas para espiar a la clase política del país, a periodistas y defensores de derechos humanos, dejando en un segundo plano al crimen organizado.
No hay certeza de que los equipos donados por la Iniciativa Mérida no hayan o estén sirviendo como instrumentos de una red de espionaje de los Estados Unidos. Helicópteros y aviones equipados con cámaras de trasmisión de video en tiempo real, pantallas, computadoras, equipos de comunicaciones, entre otras donaciones con las que se han equipado centros de mando en la PGR o en SEGOB, en la policía federal o ministerial. Todos ellos, deben ser entregados a las autoridades estadounidenses para su destrucción al final de su periodo de vida útil.
Pero poca importancia le han dado los legisladores a la instrumentalización de ese programa de cooperación con los Estados Unidos. En 2013 el gobierno de México no tenía la capacidad para realizar una auditoría técnica a los equipos que recibía a través de la Iniciativa Mérida; mientras que los equipos donados para intervenir teléfonos celulares y correos electrónicos no superaban los dedos de las manos; ni en la Cancillería, ni en la PGR ni en la SEGOB había la preocupación por ser espiados a través de los equipos donados.
Sin embargo, Edward Snowden despertó la preocupación en muchos países por sentirse espiados y orientó su respuesta tecnológica inmediata para evitarlo; en otros, como en México, de acuerdo a lo que se ha revelado en el diario Milenio, quizá la curiosidad y el interés por saber como hacerlo; de ahí que el procurador de entonces, Jesús Murillo Karam, probablemente haya incursionado en este tema.
Lo cierto es que, sólo después que Edward Snowden revelara el uso desarrollado de la tecnología para espiar por parte del gobierno de los Estados Unidos, se supo de la existencia del software conocido como Pegasus. Fue el diario británico “The Guardian” quien informó que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) estaba recolectando los registros telefónicos de decenas de millones de estadounidenses y líderes mundiales a través de él.
Hoy una parte de la clase política nacional (PAN, PRD), algunos periodistas y líderes sociales, están consternados por las revelaciones hechas sobre el espionaje del gobierno mexicano; pero la timidez de sus protestas, sobre todo de los legisladores, parece que permitirá que el Estado de Derecho sea flagelado por la curiosidad de tener acceso a las comunicaciones de cualquier persona en cualquier momento, no por el interés de defender al Estado frente a la delincuencia organizada y sus enemigos externos.
Si la alternancia política se instala en México, es importante que la neutralidad del Estado sea un principio que rija el comportamiento de la clase política nacional, a fin de evitar que los instrumentos del Estados sean utilizados en beneficio de uno u otro partido; para hacer que los instrumentos del Estados se utilicen para garantizar la seguridad de los ciudadanos, para defenderlo de las amenazas internas y externas, para preservar la seguridad y la soberanía del país; pero nunca para atentar en contra de los ciudadanos que lo hacen posible y su intimidad.