Depende de los países que inspecciona
- Ya no podrá defender los derechos humanos en las Américas
La respuesta de los países es magra. Los únicos que han dado fondos a la CIDH en 2016 han sido Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay. El total: 2,5 millones de dólares, de los cuales EU aportó más del 90%.
La región de las Américas corre riesgo de quedarse sin la protección del organismo que durante décadas ha vigilado y defendido los derechos humanos en el Hemisferio Occidental. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió ayer que está arruinada.
“Nos preocupa que la crisis financiera debilite la capacidad del sistema interamericano de responder a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, resume la situación Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Todo ello cuando la Comisión “ha sido la que, cuando hay deterioros institucionales que afectan derechos humanos, es la primera, y muchas veces la única dentro de la OEA, que llama la atención sobre los derechos humanos”, recuerda Ariel Dulitzky, director de la Human Rights Clinic de la Universidad de Texas y exsecretario ejecutivo adjunto de la CIDH.
Según adelantó el presidente de la Comisión, James Cavallaro, si el organismo no recibe fondos con urgencia, a partir de agosto tendrá que despedir al 40 % de su personal, o a 30 de las 78 personas que emplea. Pero las consecuencias van mucho más allá. El peligro es hacer retroceder los avances logrados por la Comisión “30 años”, lamenta su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza.
Estamos hablando de que “la Comisión pierda cualquier posibilidad de hacer su trabajo, como emitir medidas cautelares o de protección cuando una persona está siendo amenazada. Y eso ha salvado vidas humanas en Latinoamérica”, advierte Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y que precedió a Álvarez Icaza en la CIDH.
Que la CIDH se quede a medio fuelle por falta de fondos significa que no podrá volver a haber un proyecto como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estudió el caso Ayotzinapa y descubrió numerosos fallos en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, México. O que se pierda la única instancia en las Américas que puede realizar una “observación independiente” en los Estados.