Arrendamiento por 100 años
- El proyecto sigue rodeado de polémica por sus consecuencias medioambientales
Defensores de derechos humanos reaccionaron con preocupación ante la firma del acuerdo. Critican con dureza lo que consideran manipulación de los pueblos indígenas por parte del Ejecutivo de Ortega. “El Gobierno está cometiendo un fraude en contra de la opinión pública nacional e internacional. Divide a la dirigencia de las comunidades indígenas y los hace firmar un convenio de arriendo indefinido con el que pretende asegurar que fueron consultados, lo que es mentira”.
Managua.- Un área de 263 kilómetros cuadrados del sureste de Nicaragua se ha convertido desde el martes en un enclave chino en Centroamérica. Los líderes indígenas de las etnias rama y creole firmaron un “acuerdo de arrendamiento” con el que ceden indefinidamente el control de las tierras para la construcción de un gran canal interoceánico, cuya concesión fue entregada por 100 años a la empresa china HKND, propiedad del empresario de las telecomunicaciones Wang Jing.
El acuerdo fue firmado por Manuel Coronel Kautz, representante de la Comisión Nacional del Gran Canal, y por el presidente del Gobierno Territorial Rama y Creole, Héctor McCrea. “Damos nuestro voto de confianza a la Comisión Nacional del Gran Canal porque estamos seguros de que la construcción de este proyecto contribuirá al desarrollo humano”, dijo McCrea. Entre los testigos de la firma estuvo el hijo del presidente Daniel Ortega, Laureano, nombrado asesor presidencial en temas de inversión y mano derecha del mandatario en el acercamiento a China, potencia con la que Nicaragua no tiene relaciones diplomáticas formales.
La firma de este documento demuestra la división de las poblaciones indígenas en relación al proyecto del canal interoceánico. Líderes de las comunidades rama y creole, críticas con el proyecto del canal, aseguraron en un comunicado que hubo un ofrecimiento de “jugosos viáticos y pasajes de avión” para suscribir el documento y acusaron al Gobierno de manipular a los indígenas, de violar sus derechos y no tomarlos en cuenta en relación a las consultas que debían hacerse sobre la construcción del canal, valorado en más de 50.000 millones de dólares.