CASO AZUL ZURITA: JUSTICIA SIN MÁS.

Un asunto que se colocado en la esfera del interés público en nuestro estado ha surgido a causa de un incidente de tránsito entre particulares que bien podría haber concluido en una acción de las autoridades judiciales en la que la parte afectada obtuviera la correspondiente reposición de los daños y la parte acusada la pena correspondiente a los daños causados.

 

Pero en México y, por  consiguiente en el Estado de Hidalgo, las cosas son más complicadas. Si dos particulares sin ninguna relación con el poder público se ven involucrados en un problema semejante  la ley se aplicará  y asunto arreglado. Pero si una de ellas no es un simple particular sino un participante activo en la política donde ha ocupado importantes cargos de representación popular y de la administración pública,  entonces estamos ante un caso de otras dimensiones: la  autoridad actúa con pies de plomo, el personaje en cuestión puede ser protegido e incluso solapado por la red de relaciones que se entretejen entre quienes tienen el sartén por el mango y la víctima o sus familiares deberán decidir entre seguir buscando la reparación del daño sufrido o retirarse discretamente a sufrir su pena  amargados por la convicción de que  la justicia para el ciudadano común y corriente es algo imposible de alcanzar.

Estos casos no son aislados, suceden a diario en nuestro país, donde pocos, muy pocos ciudadanos tienen la posibilidad de obtener justicia si sus contactos  en el poder público no son suficientes. El desánimo producido por la evidencia de que tal esperanza resulta inalcanzable  termina por producir  incluso el temor a las posibles represalias de los soberbios victimarios.

Este fue el caso de Herbert Zurita Fernández, quien en un accidente automovilístico perdió a su hija Azul, una pequeña de seis años de edad quien murió luego de  que el auto familiar fuera  embestido por una camioneta propiedad del conocido político Jorge Romero, sin que hasta el momento  la familia Zurita haya recibido la satisfacción de las autoridades para la reparación del daño y el castigo a los responsables.

Pero Zurita Fernández  reaccionó como tal vez  el acusado y quienes le protegen desde el gobierno no lo esperaban. El maestro Herbert, que lo es no sólo en  su calidad de académico de la UPN-Hgo., sino por la congruencia entre su decir y su hacer, decidió no   dejarse presionar por el operativo de protección  tejido en torno a Romero Romero, denunciando públicamente en carta dirigida al gobernador del Estado lo mismo que al secretario de gobernación y al presidente de la República (de quien por cierto Jorge Romero fue su coordinador de campaña en Hidalgo)  la obstrucción de la justicia exigida, así como su decisión de enfrentarse a cualquier obstáculo que  impida a su hija Azul alcanzarla   aunque solo sea post mortem.

Afortunadamente, la sociedad hidalguense va despertando lentamente de la apatía histórica con que aceptaba que los poderosos salieran impunes de sus desmesuras e incluso hasta premiados  con  nuevos cargos públicos, como si los reclamos ciudadanos ameritaran una recompensa por la molestia sufrida.

Hoy, las redes sociales  y algunos medios de comunicación, atentos a lo que sucede no sólo a los gobernantes y poderosos sino a los ciudadanos comunes y corrientes, han hecho eco de las demandas del maestro Herbert Zurita Fernández. Los hidalguenses ya nos comunicamos, opinamos y exigimos sin necesidad que alguien “desde arriba”  lo indique o lo autorice, demandando  en este caso concreto simple y sencillamente se haga justicia sin distinciones;  que Jorge Romero Romero -como cualquier hijo de vecina-,  pague lo que tiene que pagar y cumpla lo que tiene que cumplir ante la ley,  y que Herbert Zurita y su familia obtengan, sin condicionamientos ni presiones, dilaciones ni amenazas la justa retribución, atención y respeto que merece su demanda de justicia. A estas exigencias me  uno solidariamente con el maestro Herbert no solo como su compañero de trabajo,  sino con la misma convicción de que sólo la Conciencia Ciudadana en acción podrá  cambiar el orden actual de preeminencias en la impartición de justicia. Y EXIGIENDO, DE IGUAL MANERA,  QUE “VIVOS SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS, YA.”

 

 

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