Ayer, cientos de agremiados a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Hidalgo, acudieron a distintas oficinas públicas a fin de externar planteamientos en torno a distintas problemáticas que aquejan a dicha organización, por lo que el inicio tuvo como sede las oficinas del Servicio Administrativo Tributario (SAT) en donde los campesinos exigieron que no se recorten recursos a programas sociales.

Ya que, según manifestaron, los programas diseñados, hace dos sexenios por las organizaciones campesinas y sociales mediante los cuales se otorgaban recursos en periodicidad anual, hoy están en riesgo de sufrir recortes presupuestales y con ello retroceder las conquistas logradas a través de años de lucha.

Mientras tanto, la dirigente estatal de la UNTA Martha López Ríos, informó que la protesta en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH) se debe a 25 averiguaciones previas en contra de igual número de campesinos de Bangandhó, Ixmiquilpan, donde hay intereses grupales con cinco concesionarios (transportistas) locales.

López Ríos, explicó, “en este caso un grupo de transportistas que tomaron la decisión de ingresar a la comunidad sin permiso y hacer uso de caminos recién construidos y otros rehabilitados con recursos propios, hoy, los pobladores son acusados de obstrucción a las vías de comunicación”.

Y aunque la problemática parecía tener un resolutivo de fácil acceso por ambas partes, el asunto ya se ha polarizado a tal grado que dijo “hay contubernio del Ministerio Público de la región, de ahí que solicitan a la PGJEH atraer el caso y dar seguimiento imparcial.

En otra de las instancias, el Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH), la organización de la hoz y el trigo, pidió apoyo en materia jurídica para evitar que las 420 familias quienes habían comprado un lote en Quinta Cristal, sean defraudadas, dado que quien dijo ser el vendedor se niega a reconocer la situación legal.