OPINIÓN
De nuevo las campañas políticas hacia la próxima elección no se basan en discutir ideas y propuestas. El elector votará en función de percepciones, imágenes, escándalos, sentimientos de enojo, frustración, pero no por el perfil e ideas de los candidatos. Qué lástima. El daño para la democracia mexicana ya está hecho.
Continúan ignorándose problemas de gran trascendencia.
En este mismo espacio hemos mencionado otros, que ni siquiera aparecen en la agenda a discutir. Uno más es la “bomba de tiempo” que representa la situación de las pensiones en México.
Pueden distinguirse tres aspectos de dicha crisis. Primero, la situación de los esquemas ya reformados conforme al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y que se basan en cuentas individuales, como el régimen del IMSS y del ISSSTE.
Las ventajas de esos esquemas es que el afiliado conoce lo que lleva ahorrado, puede cambiar de trabajo sin afectar sus ahorros y que, en principio, ya no presentan una carga para las finanzas públicas. La desventaja es que no incentivan aportaciones adicionales y que, en todo caso, la pensión a la que tendrá derecho el trabajador es un monto bajo si se compara con sus ingresos previos al momento de jubilarse.
Segundo, los esquemas “anteriores” que perduraron para trabajadores que optaron por no incorporarse a las cuentas individuales. Su ventaja es que, para algunos trabajadores de edad cercana a la de jubilación, esta opción les permitirá obtener pensiones por montos superiores. El inconveniente mayor es su impacto sustancial sobre las finanzas públicas, pues el Estado complementará los faltantes con recursos del erario.
Tercero, muchos otros sistemas de pensiones, que abarcan desde trabajadores de gobiernos de los estados y de sus universidades, hasta Pemex y las Fuerzas Armadas. Esos sistemas se caracterizan por no estar fondeados, por jubilar a edad joven, con frecuencia por otorgar beneficios superiores a los del IMSS e ISSSTE, y porque carecen de portabilidad. Además, lo más grave es que debido a lo anterior reciben transferencias de los gobiernos federal y estatales.
En conjunto, los apoyos que el sector público federal y estatal habrán de transferir a los sistemas fuera del SAR representan la mayor erogación contingente para las finanzas públicas. No existe una cuantificación exacta de los pasivos pensionarios del país, si bien se estima que las pensiones públicas representan un pasivo actuarial de 104% del PIB de 2010 (véase Pedro Vázquez Colmenares G., 2012).
En 2010 sólo 44% de las personas con 65 años y más estaban cubiertas con una pensión. Además, como el monto del ahorro es bajo, genera tasas de reemplazo (pensión sobre últimos salarios) del orden de 30%. Cuando esto se materialice causará gran decepción y enojo.
El problema sólo puede aminorarse si los trabajadores hicieran aportaciones adicionales, voluntarias u obligatorias, a dichos sistemas, en especial a aquéllos que permiten aportaciones voluntarias en cuentas individuales.
Lo más grave es que todo lo anterior sólo se refiere a la población que tiene empleos formales (aprox. 42%). La gran mayoría del otro 58% se encuentra en la informalidad, y está desamparada en materia de pensiones, salvo el reciente esfuerzo inicial de esta administración. Una solución de fondo para eso requeriría reducir o desaparecer la informalidad.
De lo contrario, como ha sido siempre, en su vejez esa población sólo podrá acogerse a la solidaridad de sus familiares. Esas generaciones que inevitablemente tendrán que ahorrar en el SAR más que las de hoy, también habrán de sufragar un gasto sustancial para apoyar a sus ancestros y otros familiares.
Dichas generaciones merecen que el debate preelectoral aborde el tema de las pensiones, y no que lo eluda como en estas campañas.