El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, consideró que la decisión de que sea obligatorio para los empresarios presentar sus declaraciones de conflicto de intereses, patrimoniales y fiscal, no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales.

Dijo que lo que se busca con esta medida es que se activen amparos en contra de la ley de responsabilidades administrativas, para así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política. El artículo 32 de la citada legislación, pretende en el fondo, convertir las declaraciones, no en una obligación de la clase política, sino en un nuevo trámite para becarios, pensionados hay todo tipo de beneficiarios de programas sociales.