Con el objetivo de disminuir la brecha de desigualdad que se agravó con la pandemia del covid-19 y dejó en desventaja educativa a los niños de comunidades y pueblos indígenas, los integrantes de la 64 legislatura exhortaron a la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal, así como al Instituto Nacional de  los Pueblos Indígenas, a efecto de que se garantice el cumplimiento al derecho  a la educación para este sector de la población.

Por lo que exigieron que debe garantizarse el acceso a la tecnología e internet a las niñas, niños y adolescentes que habitan en los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo, como prioridad ante lo que consideraron: “la deuda histórica con este sector de la población que exige soluciones inmediatas”.

Lo anterior, refirieron debe cumplirse conforme a lo que establece la Carta Magna del país pero también con lo referente a programas educativos pertinentes para contextos  rurales en la Guía para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas y  Afromexicanas ante la emergencia sanitaria generada por el virus SARS CoV-2, “mediante estrategias que proporcionen el acceso a la tecnología e internet a  las niñas, niños y adolescentes que habitan en los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo”.

La diputada promovente, Adela Pérez Espinoza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que ante la falta de acceso a las tecnologías representa un gran obstáculo para las niñas y niños de los pueblos y las comunidades  indígenas, lo anterior dijo: “cuando el sistema educativo hace uso de las herramientas tecnológicas para cumplir con sus programas, pues se ven obligados a  abandonar sus estudios”.

Y agregó que además “aún existe incertidumbre en los hogares de las regiones indígenas, pues con la pandemia aumentó el desempleo, los padres de familia no pueden solventar los gastos que representa la nueva normalidad en las escuelas, la modalidad virtual significa un gasto más, por lo que no hay dinero suficiente para que los menores continúen estudiando; por ello la importancia de garantizar el  cumplimiento del derecho a la educación y acceso a las tecnologías, sobre todo a grupos vulnerables como es la niñez indígena”.