NÚMEROS CLAROS
• La OEA y la Unión Europea han mostrado que no tiene interés en hacer valer la legalidad, mientras que el enviado especial de la ONU parece estar atrapado entre esas fuerzas hostiles
José Luis ORTIZ SANTILLÁNEl Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, parece estar determinado en diseñar el rumbo de la democracia en América Latina y el Caribe. Almagro ha dicho que en “Bolivia hubo un golpe de Estado cuando Evo Morales cometió fraude electoral”, pero también sobre Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, ha externado su posición en contra de los movimientos sociales, de la izquierda y a favor de los movimientos de derecha.
El paraguayo nacido en Paysandú y llegado a la OEA, sabe bien a quien necesita venderle su “alma” y con quien debe aliarse para trascender. Almagro ha estado a lado de los gobiernos de derecha y ha sido un artífice del “Grupo de Lima”, donde México ya no está por fortuna; pero ahora en Bolivia se ha convertido en el verdadero promotor del golpe de Estado, al traicionar la confianza que el presidente Evo Morales y su gobierno depositaron en él para auditar las elecciones presidenciales cuestionadas por la oposición; pues no entregó los resultados de auditoría, sino que alentó con sus declaraciones la asonada cívico-militar, apoyando a la derecha racista a hacerse con el poder, evidenciando la neutralidad de la OEA.
La OEA y la Unión Europea (UE) han mostrado que no tiene interés en hacer valer la legalidad, mientras que el enviado especial de la ONU parece estar atrapado entre esas fuerzas hostiles a la democracia. Si realmente la OEA, la UE y la ONU quisieran contribuir al restablecimiento de la democracia en Bolivia, desde hace tiempo debieron haber apostado por garantizar el funcionamiento normal de la Cámara de Diputados y Senadores, pero no apoyar al minúsculo sector de la oposición de ambas cámaras para que sean ellos que decidan el futuro de Bolivia.
Hoy Bolivia se encuentra dividido no sólo en su población, no sólo ideológicamente, sino que existen dos gobiernos; por un lado, lo que queda del gobierno democráticamente electo operando en la Cámara de Diputados y Senadores, integradas por la mayoría del Movimiento al Socialismo del presidente Morales; mientras que por otro, se encuentra la minoría de la oposición intentando, ilegalmente, de formular leyes y decretos sin valor constitucional, para detener la manifestaciones en contra del gobierno de facto y convocar nuevas elecciones.
Por ahora nadie quiere ver el verdadero trasfondo del golpe de Estado en Bolivia. No solo se trata de tres mandatos constitucionales de gobiernos indígenas, sino de años en los cuales la explotación de los innumerables recursos naturales pasó a poder del gobierno, haciendo a un lado las trasnacionales y cerrando la puerta a la posibilidad de explotar las enormes reservas de litio (75% de las reservas mundiales se ubican en Bolivia, Chile y Argentina), principal fuente de energía para los autos eléctricos. Pero también fueron años de crecimiento y desarrollo de los pueblos originarios de Bolivia, de su acceso a la educación, a la salud y al gobierno, algo que los blancos y mestizos bolivianos no perdonan al presidente Evo Morales.
Aunque parezca descabellado en medio de la crisis de gobernabilidad en Bolivia y la prioridad de estabilizar ese país, conformar una Comisión de la Verdad deberá ser un imperativo de cualquier gobierno que llegue al poder. Este golpe de Estado estuvo orquestado por la OEA y la derecha boliviana bajo el pretexto de fraude electoral, bien requiere que por justicia a los caídos en las manifestaciones y a los miles de manifestantes que hemos visto protestar en las ciudades de Bolivia contra el gobierno de facto, se instaure una Comisión de la Verdad compuesta por personalidades de países neutrales en el conflicto.
El presidente Evo Morales ha dicho sobre la integración de la Comisión de la Verdad propuesta, que deberá estará conformado por varias personalidades de la comunidad internacional; cuyo objetivo sea “verificar si evidentemente hubo fraude” o no en Bolivia, porque a partir del supuesto fraude se ha producido la división social y los enfrentamientos entre ciudadanos, policías y miembros del ejército. Al respecto el presidente Evo Morales, exiliado en México, señaló: “Vamos a conformar una Comisión de la Verdad con personalidades internacionales para verificar si evidentemente hubo fraude. Hemos tenido acceso a dos informes técnicos de instituciones serias y renombradas que demuestran que hemos ganado en primera vuelta.”, precisó el miércoles en una conferencia de prensa.
Sin embargo, a 12 días del golpe de Estado en Bolivia, las protestas continúan en la Ciudad de El Alto, La Paz y Oruro. Todos los sectores y organizaciones se están movilizando en Bolivia para exigir la vuelta a la democracia y el fin del gobierno de facto, encabezado por la senadora Jeanine Áñez, autoproclamada presidente interina, quien desconoce el trabajo que realiza constitucionalmente la Cámara de Diputados y Senadores, a fin de instalar un nuevo tribunal electoral y convocar a nuevas elecciones.
Al margen de todo, si se realizan elecciones democráticas en Bolivia, si son justas, difícilmente podrá ganar la oposición, frente a un pueblo mayoritariamente indígena que ha sido lacerado en su dignidad y símbolos, como la Wiphala y la Pacha Mama, después que los golpistas proclamaran abiertamente que, con el golpe de Estado salía del palacio de gobierno la Pacha Mama y entraba la biblia, arriando la Wiphala, rompiéndola, orinándola y quemándola.
