HOMO POLITICUS
Mientras los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos claman por encontrar la verdad histórica de los hechos, el Congreso ha disuelto la comisión de diputados encargada de atender este cruento suceso que ha enlutado al país, y que no parece que será esclarecido a satisfacción de la ciudadanía.
En el día del maestro, los padres de los 43 normalistas desaparecidos siguen en pie de lucha y acudiendo a diferentes actos en un activismo que no cesa, mientras el caso en concreto en su manejo legal parece ir paulatinamente quedando en el olvido, sin mayores trazos de interés de las autoridades; aunado a ello, en los medios el caso Ayotzinapa se ha ido diluyendo, las coberturas del mismo han dejado su lugar por las de las campañas electorales, cuestión que evidencia un “carpetazo tácito”.
En el fondo, las diferentes versiones que trascendieron y pese a que José Luís Abarca está preso, la verdad manifiesta, revela que jamás conoceremos qué fue lo que pasó, nunca como ciudadanos nos impondremos de la verdad y como tantas otras tragedias quedará Ayotzinapa como un proceso legal manchado, irregular; cuestión que ha saturado a la ciudadanía, pero algo es cierto, la memoria colectiva suele ser laxa, por lo que el olvido se está imponiendo.
A pesar que hoy se cacarean los logros de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la realidad política se precipita en una crisis sin precedentes que no se puede solucionar en la misma legislación, sino en hacerla valer. Este es el principio del Estado de Derecho, que desde hace mucho ha perdido legitimidad y credibilidad en la ciudadanía.
El problema de fondo desde la incertidumbre ciudadana implica en ¿qué hacer para garantizar la concreción de la ley?, no importando si hablamos de justicia, economía, seguridad, educación, salud, en fin, de cualquier dimensión de la realidad; es evidente que la ciudadanía se encuentra en indefensión ante los problemas de corrupción e impunidad, no es la ciudadanía la que debe asegurar la responsabilidad del Estado frente a la realidad; es cierto que la ciudadanía no puede dejarse avasallar por estas anomalías, que puede y debe organizarse para actuar de manera disciplinada e imponer su probidad frente a las acciones de corrupción, pero esto tiene límites, existen autoridades y tienen el deber de proceder.
No se nos puede olvidar Ayotzinapa, es una gran mancha para el pueblo de México, no puede sumarse a esa lista infausta de sucesos que hieren a la conciencia social, de ser así, implicará el primer signo de opacidad para la Ley de Transparencia y un tropiezo y retroceso absurdo.