Aumenta la violencia y aumenta la retórica. Al menos 14 países de Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Brasil y Guatemala, ratificaron en la Organización de las Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú (Costa Rica), un tratado para la protección de los ecologistas.

La firma llega dos meses después de conocerse los datos que registran un nuevo récord de asesinatos de defensores del medio ambiente en el mundo. Alrededor del 60% de estos homicidios registrados por la ONG Global Witness ocurre justamente en la región.
La propuesta llega en un momento crítico para el continente, marcado por la impunidad que se refleja en algunos casos simbólicos, como el asesinato en marzo del 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres, conocida por su defensa de la tierra, que tras dos años y medio de espera, continúa impune.
La gran mayoría de los homicidios se producen en contextos de disputas por los recursos naturales, particularmente el territorio. Ese el caso también del líder indígena Isidro Baldenegro, defensor de las comunidades y los bosques nativos de México, que fue tiroteado en enero de 2017 y que aún no ha obtenido justicia.