México, DF.– En la presentación del informe general de la cuenta pública del año 2013 -el primero de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto-, el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, informó que del análisis del gasto gubernamental del citado año se emitieron 10 mil 861 acciones entre recomendaciones, solicitudes de aclaración, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y pliegos de observaciones.

En la Cámara de Diputados, el titular del ente fiscalizador expuso que las instituciones del Estado están obligadas a sustraerse de la dinámica de la confrontación política, y proporcionar elementos de certidumbre y objetividad ante los reclamos sociales, más allá de cualquier interés de grupo, preferencia personal o apremio de la ciudadanía.

“La información surgida de la labor de las instituciones puede, y en algunos casos, debe ser materia de debate político, pero no por ellos subordinarse a los vaivenes de la opinión pública, de las acciones partidistas o de una visión subjetiva de la realidad nacional”.

El funcionario -dependiente de la Cámara de Diputados- informó que por acción de la ASF se obtuvieron recuperaciones por 5 mil 804 millones de pesos, y esa cifra podría elevarse durante el proceso de solventación de las acciones correspondientes al monto denominado recuperaciones probables, que asciende a 50 mil 721 millones de pesos.

En su exposición ante los integrantes de la Comisión de Vigilancia, y el presidente de ésta, José Luis Muñoz Soria, Juan Manuel Portal expuso 13 criterios que complican el manejo de los recursos públicos en el país: las autoridades no generan códigos de valores para el desarrollo de las funciones profesionales de los servidores públicos; la mayoría de las entidades públicas del Estado no cuentan con un diagnóstico sobre el entorno de riesgos que pueden afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales; hay una elevada dependencia de los gobiernos locales respecto de las transferencias federales que, aunada a la asimetría de las condiciones de rendición de cuentas entre el ámbito federal y el local, propicia la ausencia de alicientes para obtener resultados positivos y sancionar las irregularidades; la ausencia de datos sistematizados y confiables respecto a los beneficiaros de los programas sociales debilita el impacto de los programas, de un subsidio o de un apoyo. (Agencias)