EN LA 64 LEGISLATURA
*Por unanimidad los diputados locales se sumaron a la propuesta para que los bienes y el dinero obtenido de manera ilegal o producto de la corrupción, sean recuperados por el estado

Con unanimidad de votos, y en sesión extraordinaria, los integrantes de la 64 Legislatura en Hidalgo, aprobaron la Minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de “Extinción de Dominio”, con la que se abren las puertas para que el estado pueda recuperar bienes y dinero que se haya gestado mediante delitos como el crimen organizado o la corrupción.

De acuerdo con los diputados y diputadas, la extinción de dominio, evitará que delincuentes tengan los bienes y el dinero mal habido al salir de prisión, ya que anteriormente a muchos de ellos no les importaba pasar algunos años en prisión ya que al salir podrían disfrutar de las ganancias obtenidas de manera ilícita.

Con la aprobación, el estado de Hidalgo es la octava entidad en avalar la propuesta de los diputados del Congreso de la Unión, junto a Sinaloa, Tabasco, Puebla, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y el estado de México. “Esta acción contribuye a mermar los casi de 50 mil millones de dólares, en los que se estiman las ganancias de actividades delictivas como corrupción, delincuencia organizada y defraudación fiscal, entre otros”, mencionaron los diputados.

El documento, previamente aprobado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales establece que no se considera confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes, en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, esto es, cuando los servidores públicos y particulares incurran en responsabilidad frente al estado.

La extinción de dominio, será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.