Alemania y Suecia, los dos grandes receptores de refugiados en Europa, muestran su agotamiento. La canciller AngelaMerkel logró el jueves desatascar un acuerdo para endurecer el derecho al asilo. Berlín quiere acelerar las expulsiones de los inmigrantes sin estatus de refugiado y dificultar la reagrupación familiar. Suecia, que anunció en noviembre el traumático fin de su política de puertas abiertas, calcula que expulsará este año a entre 60.000 y 80.000 personas, afirmó su ministro del Interior, AndersYgeman.
El acuerdo de los tres partidos que gobiernan Alemania llega en uno de los momentos más calientes para la gran coalición, cuya imagen se ha visto muy deteriorada estos días por las disputas internas. El punto más controvertido era la reagrupación familiar, que finalmente se congela durante dos años para aquellos refugiados no amenazados en su país de origen. Pese a las disputas, de lo que no había duda era que el nuevo paquete legal facilitaría las expulsiones. Y, según lo acordado, estas afectarán sobre todo a marroquíes, argelinos y tunecinos.
La nueva norma considerará a los países del Magreb como seguros, lo que debe facilitar la expulsión de sus ciudadanos. En esta decisión ha jugado un importante papel los ataques que más de 900 mujeres sufrieron en Colonia la pasada Nochevieja. La mayor parte de los sospechosos por unas agresiones que horrorizaron a Alemania y que tensaron aún más el debate sobre refugiados venían de Marruecos y Argelia.
No es la primera vez que el Gobierno de Merkel amplía la lista de países seguros para facilitar la expulsión de inmigrantes. Antes lo hizo con Kosovo, Albania y Montenegro. Pero los cambios legales no aseguran la expulsión automática. Primero, porque el derecho al asilo es individual. Y segundo, por las dificultades prácticas que conllevan las deportaciones. “Para expulsar a alguien, necesitas el acuerdo del país de origen, algo que muchas veces no ocurre. Y además, muchos solicitantes de asilo no tienen documentos identificativos, lo que complica mucho la devolución”, explica AngelikiDimitriadi, experta en migración del think-tank ECFR.
Así se explica que el Gobierno alemán haya amenazado con cortar la ayuda al desarrollo a aquellos países que no colaboren.