Entre líneas
Todas las violencias duelen, pero más aquéllas que provienen de quienes se espera respeten y garanticen sus derechos: las autoridades y/o instituciones.
Según el artículo 18 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia institucional, la constituyen los actos u omisiones de las y los servidores públicos -de cualquier orden de gobierno- que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
En ese sentido, la lucha constante de las mujeres por hacer efectivos los derechos es conmemorable, porque implica una guerra no sólo contra quienes flagrantemente los transgreden, sino contra quienes “con una máscara de protectores” también los vulneran simulando hacer lo contrario.
Así, la victimización secundaria a que alude el artículo 5º de la Ley General de Víctimas, establece que el Estado (a través de la conducta de las y los servidores públicos) no podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven la condición de la víctima, ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos y la expongan a sufrir un nuevo daño.
Por ello, es importante señalar que según la última Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones En los Hogares (ENDIREH) 2021, refiere que la violencia psicológica (51.6%) y sexual (49.7%), son las más frecuentes en mujeres de 15 años y más.
En razón a ello, en los delitos de violación, conforme al Protocolo de Investigación de los Delitos de Violencia Sexual hacia las Mujeres desde la Perspectiva de Género, “cuando las víctimas acuden a las instituciones a denunciar los hechos y no encuentran la protección y ayuda esperada, y por el contrario se les exige demostrar que fueron víctimas de esa violencia o se les somete a exámenes dolorosos o a trámites innecesarios, que lejos de beneficiarlas, las aleja del acceso a la justicia y de una debida atención, se dice vuelven a ser victimizadas”.
Por tanto, la propuesta para evitar esta violencia institucional, en un delito que -desgraciadamente- se comete a diario, es implementar mecanismos procesales idóneos para evitar esa doble victimización.
Así, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé dos figuras que constituyen maneras viables de evitar dicha victimización secundaria: el peritaje irreproductible y especial, así como la prueba anticipada.
Conforme a la interpretación de los artículos 274 y 275 de la normatividad procesal citada, implica que en UNA SOLA SESIÓN, un grupo interdisciplinario (en medicina, psicología, psiquiatría y derecho -por ejemplo-) realice la entrevista y los análisis respectivos a la víctima, con la presencia de los sujetos procedimentales por la institución del Ministerio Público, la Asesoría Jurídica y la Defensa, bajo las condiciones óptimas; es decir, que en la misma revisión psicológica y médica se analice a la víctima tanto por las personas expertas oficiales como por las propuestas por la defensa y la asistencia jurídica. Con lo cual, además de no revictimizar a la víctima obligándola a evocar una y otra vez los hechos violentos y ser examinada y reexaminada, se cumplirá con la equidad procesal, el principio de contradicción y el derecho a una defensa y asesoría jurídicas adecuadas, a favor de los intereses tanto de la víctima como de la persona imputada.
Por otro lado, en interpretación del artículo 304 de la misma Codificación Nacional, con apoyo de la cámara de Gesell -como de avanzada se realiza en países como Italia- se recabe la entrevista a la víctima con el apoyo psicológico o acompañamiento debido, en forma anticipada, dando oportunidad que sin confrontar a la víctima con la persona agresora, sea interrogada, tanto por agente del Ministerio Público, la Defensa o la Asesoría Jurídica, quienes, a través de la persona interlocutora especializada, habrán de preguntar con un lenguaje acorde a la situación particular de la víctima lo necesario para esclarecer los hechos. Sin que ello conlleve a exponer a la víctima, meses o quizá años después a evocar los hechos vividos, exigiendo a veces detalles que con el tiempo pueden olvidarse.
Es así que conmemorar el día 8M no sólo implica recordar la lucha por los derechos de las mujeres, sino hacerlos efectivos, reales, sustantivos, porque la sabiduría popular sostiene: “nos quisieron enterrar… no sabían que éramos semillas”