Dado que la Secretaría del Viento no pudo cubrir la incapacidad de nuestras autoridades para enfrentar el problema de la contaminación y garantizar una buena calidad del aire para los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, han vuelto a salir a la luz problemas añejos que las organizaciones ambientales hemos denunciado desde hace años.

Aunque han estado aventándose la papa caliente unos a otros, lo cierto es que el gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, la Comisión Ambiental Metropolitana y el gobierno federal tienen una responsabilidad compartida en este tema, y un común denominador que es la falta de planeación a largo plazo sobre el modelo de movilidad que se quiere para las grandes ciudades del país.

En el caso de la Ciudad de México, prevalece una visión ambigua. ¿Queremos ser como una ciudad de Estados Unidos, llena de freeways, sin espacios para caminar y convivir; o queremos ser como una metrópoli europea donde se privilegia el transporte público y la recuperación de espacio para peatones? En la capital del país, por un lado nos invitan a bajarnos del coche y utilizar el transporte público, la bicicleta y a caminar. Y al mismo tiempo quitan la tenencia vehicular y construyen segundos pisos, incentivando la compra de automóviles.

Asimismo, el gobierno capitalino ha sido incapaz de regular a los microbuses —mejor conocidos como chatarras contaminantes—, y de desarrollar un sistema de transporte público digno de una de las principales metrópolis del mundo. Durante el sexenio de Marcelo Ebrard, el gobierno capitalino se comprometió a construir 12 líneas de Metrobús y 300 kilómetros de ciclovías. Hoy en día, únicamente hay 6 líneas en funcionamiento y menos de 20% del porcentaje ofrecido para unidades no motorizadas.

Falta coordinación con los estados que colindan con la CDMX para homologar la regulación en materia de verificación de los automóviles. Cada día ingresan cientos de vehículos que no cumplen con los estándares de emisiones.

Y en lo que respecta al gobierno federal, la Semarnat es la responsable de la actualización de las normas que regulan la calidad de los combustibles. Las normas 042 y 044 tienen años de retraso en su actualización, lo que ocasiona que en nuestro país tengamos estándares más laxos que los recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

El gobierno federal ha cedido a las presiones de la industria del transporte, que se niega a invertir en flotas más modernas. El argumento es que Pemex no ha garantizado la distribución del Diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el país y mientras no lo haga, ellos tampoco cambiarán sus unidades. Es así que la NOM 086 que obligaba desde 2009 a distribuir Diésel UBA sigue en incumplimiento. La factura de esta falta de voluntad política y decisión por parte de Semarnat y Sener la están pagando los 15 mil mexicanos que cada año mueren por causas asociadas con la contaminación ambiental; además de todos nosotros, quienes padecemos otros malestares relacionados con el tema.

Cabe señalar que el transporte es la principal fuente de emisiones contaminantes y si bien el transporte de carga y pasajeros representa alrededor del 15% del total, es responsable del 80% de las emisiones de PM 2.5 y del 90% de las emisiones de carbono negro. Esto es preocupante si recordamos que la OMS confirmó la relación causal que existe entre las emisiones de diésel y el cáncer de pulmón.

Desafortunadamente, el tema de la calidad del aire se vuelve noticia cuando hay contingencia y los ciudadanos no exigimos el derecho constitucional a un medio ambiente sano y a un aire limpio. Lo más seguro es que ahora que la Secretaría del Viento limpie la ZMVM, la nota saldrá de las primeras planas y las autoridades volverán a su zona de confort. Quien no se olvidará del tema será nuestro sistema respiratorio, el cual seguramente nos cobrará la factura más temprano que tarde.

Directora de Comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C (CEMDA)